La fiscala Victoria Acuña, encargada de la investigación al contralor general, Enri­que García, sigue recabando datos para ver si hay méri­tos para iniciar un proceso de imputación por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sostuvo que el proceso no fue noti­ficado porque aún no con­tenían todas las partes para convocar a una indagatoria.

“Estamos cotejando la información y recabar las que nos faltan, para tener un panorama completo del patrimonio y si hay méri­tos, iniciar el proceso para una imputación”, dijo. No obstante, aclaró que el con­tralor cuenta con fueros y por eso debería de solicitar el pedido de desafuero para la imputación, en el caso de confirmar todos los datos que la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió a la Fiscalía.

Como es un funcionario que tiene fueros, “se tiene que pedir el desafuero para el mismo, hasta que no tenga­mos méritos no le podemos notificar alguna decisión”, indicó la fiscala Acuña.

La designada por el Minis­terio Público para el caso trabaja en la investigación desde junio del año pasado como consecuencia de denuncias de parte de la Seprelad, donde se informa que aproximadamente más de G. 2.500 millones eran de operaciones sospechosas.

“Como base es esa la infor­mación, tenemos que for­malizar en el sentido de que son datos de inteligen­cia financiera, nos obliga a formalizar dentro de lo penal”, mencionó. Por eso deben de pasar por otras diligencias desde el dere­cho penal, cotejando el patrimonio del contralor en razón de que él cuenta con varias etapas dentro de su carrera profesional.

Primeramente, trabajó como funcionario público, después se dedicó al sector privado y posteriormente regresa a la función pública. Acuña explicó que ahora la Fiscalía debe de probar que las operaciones se die­ron dentro de su desem­peño en la función pública.

La Contraloría había comu­nicado la auditoría que debía de realizar a la Fis­calía General por la falta de persecución penal y asigna­ción de fiscales a los casos que fueron denunciados desde este órgano. No obs­tante, el Ministerio Público se negó al control porque el equipo auditor está sujeto a causas penales abiertas y eso resta objetividad al pro­cedimiento.

El contralor Enrique García había manifestado su descontento por el hecho de que la Fiscalía informe sobre una investigación en su contra, ya que coincidía con la auditoría que harían a la institución encargada de investigar los casos de denuncias.

Para García, el inconveniente que se da entre ambas partes respondería a cues­tiones políticas; a su criterio, se da una mala imagen al enfren­tarse instituciones públicas. Recordó que la institución que dirige tiene la potestad de controlar a las instituciones dependientes del Estado y descartó el hecho de que sea una medida personal con­tra el Ministerio Público. El contralor cree que la reacción de la ins­titución obedece a ocultar documentos comprometedores.