La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, fue denunciada ante el Ministerio Público por los delitos de estafa, lesión de confianza, asociación crimi­nal y usurpación de funcio­nes públicas por una supuesta maniobra realizada para la adquisición de simuladores de máquinas para el Servicio Nacional de Formación Pro­fesional (SNPP). Además de la ministra, también fueron denunciados los funciona­rios Darío Muñoz (yerno de Bacigalupo), Julio Pessolani y Cristhian Daniel Barba, por los mismos delitos.

La denunciante es Ynés Ríos, funcionaria del SNPP, quien fue destituida de su cargo de directora de Aulas Móviles luego de solicitar la anula­ción de la millonaria compra de los equipos mencionados por valor de G. 1.290 millo­nes. Según Ríos, la transacción realizada fue un gasto innece­sario para el Estado, ya que la cantidad de cursos en la ins­titución para este año (2019) fueron reducidos.

Sin embargo, autoridades del ente, en vez de tomar las medi­das sugeridas por la funciona­ria, decidieron apartarla de la dirección después de más de veinte años de servicio. Fue derivada a otra sede situada en la ciudad de Capiatá y como si eso no bastara, su hijo, Gino Francesco Ruggero, quien estaba contratado en el depar­tamento de auditoría, fue des­vinculado del SNPP. Como la institución es dependiente del MTESS, todas estas medidas habrían sido adoptadas por Bacigalupo.

“Nos basamos en la obliga­ción que tiene el ciudadano y el funcionario público en denunciar hechos punibles que ocurren dentro de los lugares donde ellos prestan servicio. Los delitos son lesión de con­fianza, estafa, usurpación de cargos y otros hechos que el fiscal deberá estudiar a fondo. La denuncia es por la compra irregular de simuladores, que la directora a través de docu­mentos había solicitado que se dé un paro a eso. Sin embargo, la ministra, con toda prepoten­cia, siguió con la licitación de forma irregular”, manifestó Lilian Corvalán, represen­tante legal de la denunciante.

La abogada señaló que el caso debe ser estudiado por la Fis­calía y evaluar si amerita o no sumar algún hecho punible. A la vez, resaltó la importan­cia de poner un punto final a los hechos de corrupción que por lo general ocurren dentro de las instituciones públicas. “Pedimos a la Fiscalía que el caso se revea, que se pare con esta situación y que el pueblo paraguayo despierte de una vez por todas y que determine que la corrupción sigue aquí en el Estado y que lo que quiere hacer esta ciudadana (Ynés Ríos) ojalá muchos ciudadanos tomen como ejemplo y denun­cien este tipo de hechos y no apañen, eso es lo que quere­mos”, aseguró.

La denuncia deberá ser eva­luada en el Ministerio Público, que finalmente determinará si la admitirá o no. En caso de que la misma sea admitida, el caso será sorteado para deter­minar quién será el fiscal que llevará adelante la investiga­ción. Esto podría conocerse en un plazo de aproximadamente quince días.

El 17 de julio del 2018, el SNPP publicó un llamado a licitación por valor de G. 1.290 millones para la adquisición de simu­ladores de máquinas pesadas para la institución. Poco des­pués de la apertura de sobres, la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP) resolvió anular la adjudica­ción que fue otorgada a la firma GSM y sugirió reevaluar las propuestas a raíz de una pro­testa presentada por uno de los oferentes, Automotive, que tenía la mejor oferta.

Sin embargo, según la denun­cia, la ministra Carla Baci­galupo habría ignorado la resolución de Contrataciones Públicas y concretó la adqui­sición de las maquinarias de la firma adjudicada inicialmente (GSM).

La señora Ynés Ríos fue quien solicitó inicialmente a través de un memorándum la com­pra de estos equipos. Fue el 28 de mayo del 2018, pero por los mismos medios pidió anular el pedido porque ya no sería necesario debido al cierre de varios cursos dictados en la institución, pero los directi­vos continuaron con el proceso de adquisición.

Cuando los simuladores debían ser entregados a la institución, según denun­cia Ríos, llamativamente los directivos del SNPP busca­ban la manera de responsa­bilizarla de esas compras; los mismos llegaron incomple­tos. Fue en ese momento que en uso de sus atribuciones, la ahora denunciante pidió can­celar definitivamente el pro­ceso de licitación. Esta deci­sión le costó el cargo.