Llama la atención que el Ministerio Público no haya imputado al abogado Guillermo Duarte Cacavelos, ex candidato al Senado por el Partido Democrático Progresista (PDP), luego de su confesión de que también se comunicaba y pedía favores al ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann porque necesitaba “operar”. El pasado 4 de febrero de este año, este último fue acusado por el Ministerio Público por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito en la función pública, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Victoria Acuña, fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Orden Económico y Anticorrupción, presentó la acusación en contra de Fernández Lippmann y el pedido para que el caso vaya a juicio oral. Esta acusación tiene relación con el caso de la filtración de audios en 2018 que revelaron tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y sus conexiones con la Justicia.

Fernández Lippmann se desempeñó como secretario del entonces senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher, hoy con prisión preventiva por sospechas de enriquecimiento ilícito. Fernández Lippmann fue acusado por inconsistencias entre sus ingresos legales, en el orden de Gs. 20.000.000 mensuales, y sus bienes, que trepan a 1.400 millones de guaraníes.

En el caso de los audios ya fueron imputados fiscales, abogados y hasta existen senadores con prisión preventiva por otros hechos de enriquecimiento ilícito, pero al ex “candidato estrella” de la senadora Desirée Masi aún no le alcanza el brazo de la Justicia.

Tras la revelación de que una “rosca mafiosa” estaría manejando la Justicia a su antojo, fueron imputados hasta el momento varios abogados y fiscales que se comunicaron con Raúl Fernández. Además, los senadores González Daher y Jorge Oviedo Matto perdieron su banca en el Parlamento. Incluso el escándalo salpicó al propio ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

Esa misma celeridad de los organismos de justicia en el caso de los audios aún no le alcanza al abogado de la oposición, Guillermo Duarte Cacavelos, quien reconoció que también “operaba” con el secretario del JEM para obtener favores y hoy acusado por enriquecimiento ilícito, Fernández Lippmann. Duarte Cacavelos representa legalmente a empresas de gran porte en el país y reconocidos empresarios. Entre sus clientes están la fundación Kolping y las empresas de Marys Llorens.

“NECESITABA OPERAR”

A finales del año pasado se conocían públicamente numerosas grabaciones de conversaciones telefónicas filtradas, que confirmaban la existencia de un grosero esquema de corrupción y tráfico de influencias donde el brazo ejecutor era el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann.

Era lo más normal hablar con Fernández Lippmann “porque era el centro neurálgico del Jurado (…). Me comunicaba porque necesitaba operar en casos en los que tenía actuación”, confesó en 2018 Guillermo Duarte Cacavelos a periodistas de Radio Monumental.

Como ejemplo de su relacionamiento con el imputado, dijo: “Me comuniqué con él (Fernández Lippmann) porque me estaban poniendo muchas trabas para poner una denuncia (…) en el caso de estafa y falsificación de documentos entre empresas sojeras en Pedro Juan. Necesitaba denunciar a la jueza y por eso llamaba. Después recusamos a la jueza y paró el caso”, confesó el abogado y ex candidato de la oposición.

HEISELE, EL SUEGRO

La revelación del cruce de llamadas del abogado -allegado a la senadora Desirée Masi y el marido Rafael Filizzola- y Fernández Lippmann, fue publicada por el diario Última Hora el viernes 2 de marzo del 2018. El matutino señalaba que el abogado Guillermo Duarte habló con el ex secretario

del JEM desde el 18 de octubre hasta el 7 de noviembre del 2017, período en el que se acercaba la fecha de la presentación del requerimiento conclusivo contra su suegro, Carlos Heisele Sosa, ex titular de la Ande procesado por el pago de montos millonarios a los propietarios de terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de 500 kV.

El diario Última Hora también reveló que el 10 de noviembre del 2017, Duarte logró recusar a la fiscala Nadine Portillo, la última que quedaba en la Unidad Anticorrupción, para evitar que el ex titular de la Ande fuese acusado. “Recuerdo que la fiscala Nadine Portillo tuvo la causa en ese momento. No sé si hablé con él (Fernández Lippmann) por ese tema, pero sí hablé para saber si le denunciaba o le acusaba a una jueza de Pedro Juan”, dijo Duarte al matutino.