Un contundente tri­bunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso en apuros a Juan Arrom durante su comparecencia debido al bombardeo de preguntas con las que quedaron inevitable­mente al descubierto las con­tradicciones de la versión de la demanda. Por el contra­rio, la defensa paraguaya quedó sobrepasada debido a la tibieza de sus cuestiona­mientos en el momento que tuvo para indagar al deman­dante.

Arrom, quien participó vía teleconferencia desde la ciu­dad brasileña de Curitiba, donde se acoge al carác­ter de refugiado, expuso su relato de lo acontecido entre el 17 y el 30 de enero del año 2002 cuando supuestamente él y Anuncio Martí fueron secuestrados y posterior­mente torturados por agen­tes estatales. El demandante se presentó ante los jueces de la Corte IDH con un discurso bien elaborado para mante­ner su acusación.

No obstante, en el momento de responder a una serie de implacables preguntas de los jueces, se lo vio claramente incómodo e incluso tuvo que “tragar saliva”, no pudo ocul­tar su nerviosismo y se mos­tró dubitativo e inseguro en sus respuestas. La no homo­logación del informe médico que certificara los rastros de tortura y no haber agotado las instancias judiciales en el país fueron los dos puntos más cuestionados.

También fue cuestionado por la jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) sobre los motivos por los cuales estuvieron pri­vados de su libertad, a lo que Arrom respondió que “el obje­tivo principal era la autoin­culpación y que aquel hecho criminal formaba parte de un plan de desestabilización del gobierno”.

La jueza insistió y le pre­guntó cómo estaban vincu­lados el secuestro de María Edith de Debernardi con el supuesto intento de autoin­culpación, a lo que Arrom volvió a responder que se trataba de un intento de recabar datos y retener a dirigentes de su movimiento (Patria Libre). “El objetivo fue la autoinculpación del hecho criminal, involu­crando a otros actores polí­ticos, a sectores de la oposi­ción”, sentenció.

Ante la pregunta del juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador) sobre por qué un Estado democrático captu­raría a un líder de un movi­miento político de izquierda para que se autoinculpe y que involucre en un acto delic­tivo a sectores de la oposi­ción, Arrom dijo que según las expresiones de un sena­dor nacional, cuyo nombre no mencionó, el movimiento Corriente Patria Libre –luego Partido Patria Libre– era socio menor de un plan para “recaudar fondos e incen­diar la República”, acusando al oviedismo.

El tribunal está integrado por los jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), presidente; Eduardo Vio Grossi (Chile), vicepresidente; Humberto A. Sierra Porto (Colombia); Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Patricio Pazmiño Freire (Ecuador) y Ricardo Pérez Manrique (Uruguay).

El prófugo de la Justicia para­guaya y supuesto secues­trador Juan Arrom dijo ayer que había recibido una pro­puesta amistosa por parte de Enrique García, en ese entonces procurador gene­ral de la República, para fina­lizar el caso de su supuesto secuestro y tortura por agen­tes policiales. Contó que la comunicación con García se dio en el 2009 bajo el gobierno de Fernando Lugo, para mencionarle el interés del Gobierno de llegar a una “salida amistosa”.

Por esa razón, su abogado, Rubén Lisboa, mantuvo una reunión con el ahora contra­lor general de la República para elaborar una carta de intenciones; sin embargo, esas negociaciones culmi­naron cuando el Ejecutivo emitió, en el 2010, una pro­paganda a través de la cual se ofrecía US$ 100.000 por su captura y la de Anuncio Martí.

Arrom afirmó que esa propa­ganda fue a todas luces “ile­gal”, puesto que se encuen­tra en carácter de refugiado político.