Desde el Ejecutivo se ratificó el rechazo hacia la posibilidad de indemnizar a los supuestos secuestradores y prófugos de la Justicia paraguaya Anuncio Martí y Juan Arrom, cuyos familiares demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo un resarcimiento de 63 millones de dólares.
Al respecto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, partió ayer junto con su comitiva, integrada por la primera dama, Silvana López Moreira de Abdo; el embajador Federico González y el jefe de seguridad del Ejecutivo, Aníbal Díaz, para presenciar la audiencia pública sobre el caso que se hará hoy en San José, Costa Rica.
En su cuenta personal en la red social Twitter, Abdo dijo: “Vamos a Costa Rica a acompañar a las víctimas del secuestro y a defender las actuaciones de nuestras instituciones en su lucha contra la violencia en el Paraguay”.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, mencionó que el Gobierno evaluará medidas ante un posible fallo favorable hacia los demandantes. “Ni un dólar para los secuestradores. No nos queda ninguna instancia, es la decisión política de no dar plata a los secuestradores. Yo en verdad jurídicamente tengo mis dudas que la decisión que emita la Corte IDH sea vinculante”, comentó el segundo del Ejecutivo.
La demanda promovida por el entorno de los ex líderes del partido extinto Patria Libre se centra en que fueron aparentemente raptados y torturados por los organismos de la Policía Nacional.