El senador colorado Antonio Barrios pidió ayer a la Cámara de Diputados que investigue las supuestas irregularida­des encontradas en la ges­tión de la interventora Caro­lina Llanes en la comuna de Ciudad del Este. “Queremos que en la Cámara de Diputa­dos tengan la altura también de revisar minuciosamente todos los documentos por­que hemos presentado sufi­cientes denuncias que apun­tan a que la intervención fue amañada, que tiene tremen­das irregularidades adminis­trativas y esas denuncias están en la Justicia”, indicó el legis­lador ayer durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

Según Barrios, en el movi­miento Honor Colorado “nosotros nunca estuvimos a favor de la impunidad. Lo que queremos es justicia”. Pidió a sus pares del Congreso dejar de lado el revanchismo en contra de un partido político y actuar conforme a lo que establecen las leyes del país. “Así es que espero que tengan la altura moral de sacarse la pasión que tienen en contra de un partido político y hacerlo como corresponde, con altura moral de la Cámara de Diputados”, dijo.

Llanes fue designada por el Poder Ejecutivo para llevar a cabo el trabajo de interven­ción de la comuna esteña y, desde un primer momento, demostró parcialidad, según ya habían denunciado adhe­rentes de la jefa comunal sepa­rada del cargo. El informe de la ex jueza fue presentado el domingo al Ministerio del Interior, que lo remitió a la Cámara de Diputados para su análisis.

Cabe señalar que Llanes y el jefe del área de Finanzas y Administración de la inten­dencia, Mirko Duarte, fueron denunciados ante el Ministe­rio Público por lesión de con­fianza por Sandra McLeod al causar un perjuicio de 1.500 millones de guaraníes a la Gobernación del Alto Paraná y a las municipalidades de menores recursos.

Los daños patrimoniales son resultado de exoneraciones y descuentos que fueron apro­bados en forma ilícita por la interventora y que totalizaron 5.200 millones de guaraníes.

Según el artículo 169 de la Constitución Nacional y el artículo 153 de la Ley Orgánica Municipal 3.966/10, la recau­dación del impuesto inmobi­liario debe ser distribuida de la siguiente forma: el 15% a la gobernación local, otro 15% a las municipalidades más pequeñas y del 70% restante, el 1% debe ser destinado a los aranceles del Servicio Nacio­nal de Catastro.