La Fiscalía General del Estado acusó a Raúl Fernández Lippmann por enriqueci­miento y lavado de dinero, por lo que pidió que la causa se eleve a juicio oral y público. Fernández Lip­pmann, ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), es uno de los principales acusados en el caso de los audios filtrados.

La fiscala Victoria Acuña lo acusó por enriquecimiento ilícito, tráfico de influen­cias y lavado de dinero, y pidió que la causa se eleve a juicio oral y público.

Recordemos que Fernán­dez Lippmann fue secreta­rio del ex senador colorado Óscar González Daher, actualmente privado de su libertad en la Agrupación Especializada de la Poli­cía Nacional. El caso de los audios filtrados hizo que ambos sean investi­gados por la Fiscalía, en donde se reveló un pre­sunto esquema de tráfico de influencias en la men­cionada institución.

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La agente fiscal Acuña informó que el acusado Fernández Lippmann tenía ingresos legales por solo G. 20 millones, pero contaba con bienes que alcanzaban los G. 1.400 millones.

El ex secretario del JEM estaba recluido en la Peni­tenciaría de Tacumbú. Por el caso de los audios filtra­dos, además de González Daher, también estaban involucrados el ex sena­dor Jorge Oviedo Matto y el ex ministro del Interior, el abogado Carmelo Caba­llero. También, Cristian Manuel León Guimaraes, ex funcionario del JEM, fue acusado por la misma causa.

En los audios filtrados que desnudaron el tráfico de influencias en el JEM, Fer­nández Lippmann alardea de haber manoteado a Gon­zález Daher una “torta”, como llamaban a bolsas llenas de dinero. En dicho audio se relata la complici­dad entre Fernández y Gon­zález Daher.

Al darse publicidad a la acu­sación de la fiscala Acuña, el abogado de Fernández Lippmann, Álvaro Arias, comentó: “Me parece una decisión populista de parte de la fiscala porque real­mente no tiene el patri­monio que dice que tiene la fiscala. Se le acusa por enriquecimiento ilícito sin tener evidencias que pue­dan sostener eso”, afirmó abogado.

Al abogado Álvaro le llama la atención la acusación del monto del supuesto enri­quecimiento e indicó que no tiene idea cómo con­cluyó que ese patrimonio le corresponde a su cliente, ya que, según dice, no hay pericias ni informes de correspondencia de la Con­traloría.

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