Integrantes del movi­miento Colorado Añetete, liderado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, evidencian una serie de contradicciones sobre diversos temas. El diputado preso Ulises Quintana fue desmentido por el vicepresi­dente de la República, Hugo Velázquez, y por el senador y presidente del Congreso, Sil­vio Ovelar, sobre sus recientes declaraciones.

El recluso acusó al clan Zaca­rías Irún de manejar la Fisca­lía en el este del país.

“Yo no creo que él (Quintana) sea un perseguido político, tampoco creo que los Zaca­rías manejen la justicia”, afirmó Velázquez. A su vez, Ovelar dijo: “Yo no creo tam­poco eso. La Fiscalía tiene su hoja de ruta. Nosotros pode­mos estar de acuerdo o no con la institución, pero hay que respetar su autonomía”.

Quintana, quien es investi­gado por el Ministerio Público por vínculos con el supuesto capo Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, había acusado direc­tamente al senador Javier Zacarías Irún de estar detrás de su imputación. Según manifestaciones del dipu­tado, el objetivo era quitarlo de su banca en la Cámara Baja para evitar el pedido y pos­terior votación a favor de la intervención de la Municipa­lidad de Ciudad del Este, que estaba a cargo de la esposa del legislador, Sandra McLeod.

Álvaro Arias, abogado del diputado colorado con per­miso Ulises Quintana, había expresado que en la causa de su cliente se perdió la obje­tividad y que es utilizada para obtener rédito polí­tico. En comunicación con la radio 780 AM, el letrado dijo que “el único patrimo­nio que tiene son algunos lotes en la ciudad de Her­nandarias, se ha utilizado a la Fiscalía para obtener réditos políticos”. Agregó también que las propieda­des fueron declaradas ante la Contraloría.