El juez Humberto Otazú resolvió no hacer lugar al pedido de revisión de medidas del diputado Ulises Quintana, por lo que seguirá recluido en la penitenciaría de Viñas Cué imputado por varios delitos relacionados al narcotráfico y que pretendía ser benefi­ciado con la libertad condi­cional. Esta medida fue adop­tada a pesar de la presión que ejercen connotados referen­tes políticos de una corriente interna colorada que ejerce el poder en el país.

En la audiencia realizada ayer estuvieron presentes impor­tantes referentes del oficia­lismo, entre ellos la diputada Jazmín Narváez, quien pre­viamente realizó una mani­festación en apoyo a Quintana y Colin Zoroka, importante referente del movimiento Colorado Añetete. A pesar de la fuerte presión, Quintana seguirá tras las rejas.

“Apriete” a la Justicia. Jazmín Narváez y Colin Soroka (en la gráfica a la izq.) estuvieron ayer en la audiencia.foto:FACEBOOK

Narváez señaló que si bien acudió al Poder Judicial, fue sólo para acompañar a su colega durante el proceso que le correspondía, pero aclaró que lo hizo solo en carácter de amiga y que no se habló en la bancada de Colorado Añetete sobre ese tema. Sin embargo, los últimos acontecimientos delatan una abierta campaña a favor de la libertad de Quin­tana. Inclusive, adherentes de este político ya lo presen­tan en Ciudad del Este como candidato a intendente.

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La resolución del juez se dio a conocer luego de la verifi­cación detallada del pedido planteado por la defensa, ade­más de los alegatos presen­tados por la fiscala Lorena Ledesma, en representación del Ministerio Público. Final­mente Otazú determinó que no hubo variación de los ele­mentos que sustentan la pri­sión preventiva.

En cuanto a la supuesta vio­lación de las garantías proce­sales que había manifestado la defensa, el magistrado señaló que se respetaron todos los procesos para lle­var adelante la causa.

ARBITRARIA E ILEGAL

La decisión tomada por el juez Humberto Otazú no fue bien recibida por el abogado Álvaro Arias, quien repre­senta legalmente al legisla­dor, quien señaló como una resolución arbitraria e ilegal. Sacó a relucir el Artículo 191 de la Constitución Nacional, que refiere que “ningún par­lamentario puede ser dete­nido durante su mandato, desde el inicio hasta el fin”. Sin embargo, tras ser involucrado en los hechos de los que se le acusa, Quintana había renun­ciado a sus fueros de parla­mentario, pero actualmente se encuentra con permiso en la Cámara de Diputados.

Adelantó la posibilidad de apelar la decisión e incluso manifestó que lo sucedido ayer podría ser causal de una denuncia contra los jueces involucrados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados (JEM).

Previa a la audiencia de revisión de medidas, Uli­ses Quintana, imputado por asociación criminal, lavado de dinero, tráfico de influen­cias, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, señaló que es un “secuestrado de la fis­cala general del Estado”, refi­riéndose a Sandra Quiñónez, acusándola de violar las leyes constitucionales.

La detención del diputado se dio luego del Operativo Beri­lio, realizado por agentes de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad), el Ministerio Público y la Policía Nacional. Tras varios procedimientos también fue capturado Rei­naldo “Cucho” Cabaña, con quien tenía una llamativa rela­ción que involucró transferen­cias de dinero para solventar la campaña de Colorado Añetete.

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