El fiscal Ricardo Merlo, uno de los encarga­dos de preparar la defensa de Paraguay en el caso de Juan Arrom y Anun­cio Martí ante la Corte Inte­ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dijo que el 16 de enero pasado ven­ció el plazo que la Corte dio a la defensa de los procesa­dos para que den su parecer al pedido realizado. Se trata de la inclusión de más tes­tigos orales para la audien­cia del próximo 7 de febrero. Los representantes legales de Arrom y Martí se opusieron, pero la Corte debe decidir y ya corrió traslado a las partes.

En este sentido, esa instancia internacional ya había acla­rado que no constituye una nueva oportunidad procesal para ampliar alegatos, “por lo que cualquier alegato adi­cional a dichas observaciones no serán considerados por la Corte”, decía la nota.

Las autoridades solicitaron a la Corte IDH que se incluya a más testigos orales de Paraguay, entre los cuales están los tres fiscales que intervinieron en las denuncias de Arrom y Martí por supuesta tortura y desapa­rición, y dos peritos, cuya deci­sión está a la espera. No obs­tante, el único que sí irá es el doctor Óscar Germán Latorre.

“Paraguay presentó seis tes­tigos nada más, de los cuales cinco van a responder las pre­guntas por escribanía, es decir, no van a tener contacto directo con el Tribunal”, comentó. Estos testigos tienen hasta hoy para enviar sus respuestas por escrito ante la Corte IDH.

Merlo expresó que espera que la respuesta de la Corte IDH sea favorable para que el Para­guay tenga todas las garantías en el proceso. “Como cualquier juicio dependen de la aprecia­ción de los jueces del caso, es por eso que siendo un caso tan delicado para la República del Paraguay, no solo por lo econó­mico sino también por las con­secuencias que puede tener en otros aspectos morales para el Estado paraguayo, es por eso que nosotros pedimos que se amplíe nuestros testigos para que sean escuchados y que los jueces tengan de primera mano las informaciones y quitarse de esta forma todas las dudas que tengan”, indicó.

En cuanto al proceso llevado adelante, refirió que nuestro país se está preparando para ir con la verdad ante la audien­cia del próximo mes. Dijo que la cuestión de defensa de nuestro país es desmentir que el Estado tuvo participación alguna en el supuesto secuestro de Arrom y Martí, luego de haberse sindi­cado a los mismos como los res­ponsables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

“Para el Estado paraguayo en un proceso de la Corte IDH no hay presunción de inocencia, es decir, el Estado debe probar su inocencia y de que los hechos que se denuncian no sucedie­ron o no son violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, porque no parti­cipó”, apuntó. Agregó que tam­bién “hay otras afirmaciones que hablan de panfletos, carte­les que estaban por la calle que lo sindicaban como responsa­bles del secuestro y eso es una responsabilidad del Ministe­rio del Interior en su momento; además, también cuestionan la falta de diligencia de la justicia en su supuesto secuestro, hay dos o tres cosas que la Corte va a tener que analizar”, acotó.