La interventora de la Municipalidad de Ciu­dad del Este, María Carolina Llanes, será denun­ciada penalmente ante el Ministerio Público por per­juicios patrimoniales causa­dos a la comuna, anunció ayer el abogado Bernardo Villalba, representante legal de la sus­pendida intendenta Sandra McLeod. Es por la autoriza­ción de exoneraciones a diver­sos contribuyentes, que pri­varon a la comuna de 5.200 millones de guaraníes.

El ex legislador explicó que el 28 de diciembre pasado la Junta Municipal sancionó una ordenanza (de exonera­ciones) y la remitió al Ejecu­tivo para su promulgación. La interventora promulgó la normativa y ordenó los des­cuentos.

“La promulgación es una pre­rrogativa exclusiva y exclu­yente del ejecutivo municipal, así como una ley es sancionada por el Congreso, el presidente es el que la promulga. Enton­ces, saca una resolución y pone en vigencia esa ordenanza que no tiene ningún efecto jurí­dico”, manifestó.

Alegó que con los descuentos compulsivos, la municipali­dad, en vez de recaudar más de 11.200 millones de guaraníes, terminó recaudando 6.000 millones de guaraníes, cau­sando un perjuicio de 5.200 millones.

“Al estudiar esto, hemos encontrado algo realmente llamativo. Por ejemplo, que a una señora de nombre María A. Cabral (factura número 8.260), que tenía una deuda de 133.900.000 guaraníes, se le cobran 5 millones y se le exo­nera el resto. No es posible que se le cobre el 3% o el 4% y se le exonere el resto”, mencionó.

Otro caso similar es el caso de Ramón Duarte, con factura número 308.418, quien adeu­daba a la comuna 262 millones y se le cobra 14 millones de gua­raníes. La exoneración llegó a los 248 millones de guaraníes, señaló.

“Entonces, nos llama la aten­ción cómo es que hace este tipo de exoneraciones de impuestos a las personas. Además, tene­mos el caso de una empresa, que tenía una deuda de 1.246 millones de guaraníes, a la cual se le cobran 160 millones de guaraníes, aproximadamente, y se le exoneran 1.077 millones de guaraníes”, resaltó.

Por su parte, el abogado Eduardo González, quien también inte­gra el equipo jurídico de Sandra McLeod, señaló que la demanda se hará oficial el martes y agregó: “Si ella (Carolina Llanes) cum­plía la ley, no iba a haber pro­blema, pero ella se apartó”.

Cabe mencionar que la Ley 317/94, que reglamenta las intervenciones, señala que el o la designada para hacer ese trabajo es responsable civil y penalmente de sus actuaciones. El artículo 5º señala textualmente que “es personalmente responsable de los actos realizados en el cumplimiento de sus fun­ciones”.

A comienzos de este mes, Carolina Llanes despidió a 93 presun­tos planilleros de la comuna esteña, hecho por el cual también tendrá que responder, de acuerdo a lo manifestado por el abo­gado Villalba. La interventora designada por el Poder Ejecutivo dijo que la decisión fue tomada por diversas razones, pero que las principales se relacionan con la ausencia de los afectados, a “quie­nes nunca se les vio” en sus lugares de trabajo.

La descontrata­ción de los trabajadores fue completamente injustificada, señaló en su cuenta de Facebook la intendenta separada del cargo, San­dra McLeod. “La interventora Carolina Llanes ha hecho despidos injustificados en el municipio, atribuyéndose funciones que no le corresponden, siendo esto un delito, y tratando de planilleros a funcionarios hasta con 21 años de antigüedad”, resaltó.