El Ministerio de Rela­ciones Exteriores de Brasil informó ayer a La Nación que no hará comentarios respecto al pedido de revocatoria del estatus de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí hecho por el Gobierno para­guayo. El pedido oficial de cancelación fue hecho el 10 de enero pasado ante el canci­ller brasileño Ernesto Araújo. El representante paraguayo, el vicecanciller Hugo Saguier Caballero, fue el portador de la nota.

Nuestro diario hizo contacto con la oficina de comunica­ción de la Cancillería que se encuentra en Brasilia, pero sus responsables respondie­ron que prefieren no hacer ningún comentario sobre esta cuestión. El miércoles, el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, declaró a los medios de prensa que todavía no tiene respuestas de parte de Brasil y adelantó que se comunicará con su par Araújo a más tardar dentro de las 48 horas para definir el caso en lo que queda de esta semana.

En esa ocasión, el secreta­rio de Estado se mostró opti­mista ante la posibilidad de que Brasil pueda dar una res­puesta favorable a Paraguay, atendiendo que recientemente el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, declaró que su país “ya no será refugio de margi­nales y bandidos, disfrazados de presos políticos”.

Tanto Arrom como Martí son los principales sospechosos del secuestro de María Edith Bordón, ocurrido el 16 de noviembre del 2001 y obtuvie­ron asilo por parte de la Comi­sión Nacional de Refugiados del Brasil (Conare), cuando en diciembre del 2003 escaparon hacia el vecino país para evi­tar así afrontar el juicio oral y público que pesaba en contra de ambos.

El siete de febrero próximo se llevará a cabo el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuya ocasión, Paraguay deberá demostrar que las acusaciones de supuestas torturas y priva­ción de libertad que denuncia­ron Juan Arrom y Anuncio Martí, no son ciertas.

Ambos sostienen que autori­dades nacionales los secues­traron luego de la liberación de María Edith Bordón y los sometieron a golpes, inten­tos de ahogamientos y todo tipo de castigos físicos, con el único fin de que se declaren culpables del lo acontecido el 16 de noviembre del 2001.

Estas personas exigen que el Estado les pague US$ 63 millones, en concepto de resarcimiento por el daño que supuestamente les habrían causado. Sin embargo, repre­sentantes nacionales se man­tienen firmes en que el país no pagará absolutamente nada, ya que sostienen que estas personas son responsa­bles del secuestro de Bordón, motivo por el cual deben ser extraditados a Asunción para responder ante la Justicia.

El secuestro de María Edith Bordón ocurrió el 16 de noviem­bre del 2001, cuando la interceptaron en el Parque Ñu Guasu. En el barrio Palomar, de Asunción, la mantuvieron en cautive­rio durante 64 días. Fue liberada el 19 de enero del 2002 tras el pago de US$ 1 millón.

Los entonces dirigentes del movimiento político Partido Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí, fue­ron declarados por la Fiscalía como principales sospechosos. Según las declaraciones de Bordón, Arrom sería el jefe de la banda. Posterior a la liberación, Arrom y Martí aparecerían como secuestrados por autoridades nacionales (desde ministros hasta policías) en una “mexicaneada”.