La titular de Petróleos Paraguayos (Petro­par), Patricia Samu­dio, eludió la Ley de Con­trataciones Públicas al firmar un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro­llo (PNUD) para la licita­ción de cuatro contratos para el mejoramiento de la producción de la alco­holera de Mauricio José Troche (departamento del Guairá). Del total, dos ya fueron adjudicadas, según un matutino local.

“Las cuatro licitaciones son por unos 3,3 millones de dólares y las convocó el PNUD a través de su página web, evitando el sistema tradicional previsto en la Ley N° 2051/03, que rige a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), lo que es cuestio­nado por empresas locales”, señala la publicación.

Alega que a dos meses de la rúbrica del convenio por un valor de 7,6 millones de dólares, ya se hizo la con­vocatoria para los trabajos que permitirán la duplica­ción de la producción de la alcoholera.

El primer contrato (por 793.000 dólares) se refiere al mantenimiento de equi­pos de accionamiento de tándem de molinos con la empresa TGM Weg Energy - WEG SA, representado por Rui Sergio Mendes, mien­tras que el segundo (por 246.000 dólares) es para la realización de las obras complementarias en el sec­tor de destilería, que fueron adjudicadas a la firma Sena Ingeniería SRL, a cargo de Carlos Alberto y César Augusto Sena.

Se estima que la inversión total en la planta alcoholera será de 20 millones de dóla­res, que se completará en el 2021, con lo cual la esta­tal podrá duplicar su pro­ducción actual (llegar a 45 millones de litros).

La alta funcionaria, al ser consultada sobre el tema, dijo que no estaba elu­diendo a la Dirección de Contrataciones, sino que se trata de “otra forma de contratar”.

Samudio, al poco tiempo de asumir la presidencia de Petropar, había ven­dido a crédito 7,5 millones de litros de combustibles a Monte Alegre SA y días des­pués anunciaba el aumento de los precios, beneficiando de esa forma a la familia de Conrado Hoeckle, asesor “ad honórem” del presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez. También había depositado dinero de la empresa estatal en el sec­tor privado, cuando lo que debía hacer por ley era guar­darlo en el Banco Nacional de Fomento (BNF).