El secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi ocurrió el 16 de noviembre del 2001, en horas de la mañana. La mujer fue interceptada en el parque Ñu Guasu por tres hombres armados, quienes formaban parte del grupo que la man­tuvo en cautiverio durante 64 días. Fue liberada al año siguiente, el 19 de enero del 2002.

Los entonces dirigentes del movimiento político Partido Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí, fueron sin­dicados como los principales sospechosos del hecho. Según el testimonio brindado por la víctima ante el Ministerio Público, Arrom sería el jefe de la banda de secuestradores y Anuncio Martí fue identifi­cado como el “guardia malo”, quien estuvo como custodio en la vivienda donde la tenían en contra de su voluntad.

Según sus propios relatos, el día del secuestro ella estaba acompañada de su amiga identificada como Eliza­beth Gunther. Luego de rea­lizar la caminata cotidiana, ambas fueron hasta la camio­neta de Bordón, momento en que fueron rodeadas por tres hombres armados, quienes a empujones sacaron a Gun­ther del vehículo y traslada­ron a Bordón hasta el asiento trasero.

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Luego de varios recorri­dos y cambios de vehículos, finalmente llegaron hasta la vivienda que años des­pués se confirmó que estaba situada en la calle Mencia de Sanabria Nº 313, casi Yataity Corá, en el barrio Palo­mar de Asunción, donde la mantuvieron durante todo el proceso de negociación, realizada con su marido, el ya fallecido Antonio Deber­nardi.

Sus captores la llevaron hasta un sótano con mucha hume­dad y paredes oscuras. Fue allí donde mantuvo la pri­mera comunicación con el líder de la banda, identificado por las autoridades como Juan Arrom, quien le informó que si cooperaba no le harían daño.

El lugar del cautiverio estaba custodiado por dos guardias, a quienes la mujer describió como el guardia bueno y el guardia malo. El bueno sería Alcides Oviedo, quien des­pués pasó a integrar la agru­pación autodenominada Ejér­cito del Pueblo Paraguayo (EPP), y el guardia malo, que tomando en cuenta la descrip­ción de la mujer, la Fiscalía lo identificó como el periodista y poeta Anuncio Martí.

El primer contacto de los cap­tores con familiares de la víc­tima se produjo el 3 de diciem­bre del 2001. Los delincuentes solicitaban US$ 12 millones de rescate. Sin embargo, esta no sería la única comunica­ción, ya que la negociación duró más de lo esperado.

El 14 de enero del 2002 se realizó el primer pago por el rescate, US$ 400.000. Los hermanos de la víctima, Guillermo y Carlos Bordón, fueron los encargados de entregar el dinero. Luego de recorrer varios pun­tos, los secuestradores los interceptaron en la avenida 21 Proyectada casi Estados Unidos, Barrio Obrero. Des­pués de esto hubo otro con­tacto entre Antonio Deber­nardi y los delincuentes, el 17 de enero, en el que cerra­ron el trato con un pago total de US$ 1 millón y acor­daron entregar la segunda parte, US$ 600.000, al día siguiente, 18 de enero, y así lo hicieron.

Finalmente, el 19 de enero, los captores alzaron a la mujer en un vehículo y luego de varias vueltas por la zona, la vistie­ron de hombre y la liberaron en las calle Coronel Cabrera y Santa Teresa, Asunción. Estos se comunicaron con Deber­nardi para dar indicaciones sobre el lugar donde podía recoger a su esposa.

SEPA MÁS

Exigen indemnización de US$ 63 millones

Juan Arrom y Anuncio Martí presentaron una denuncia contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por secuestro y tortura a los que supuestamente fueron sometidos por policías. Exigen un resarcimiento econó­mico de US$ 63 millones que serán repartidos entre ambos y sus familiares.

Autoridades nacionales sostienen que estas personas son delincuentes que deben responder por la causa de la que se les acusa, motivo por el cual se solicitó al gobierno de Jair Bolso­naro la revocatoria del estatus de refugiados con el que cuentan en el país.

Este pedido debe ser respondido en los próximos días y, de ser favorable, se solicitará la extradición para que final­mente puedan afrontar el juicio pendiente. En tanto, la denuncia ante la Corte debe ser definida el próximo 7 de febrero, ocasión en que Paraguay tendrá la oportunidad de demostrar que las denuncias de Arrom y Martí son falsas.

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