El presidente brasi­leño, Jair Bolsonaro, anunció a través de su cuenta de Twitter que Brasil ya no “será refugio de mar­ginales disfrazados de pre­sos políticos”. Esto podría interpretarse como un punto favorable hacia el pedido de revocatoria de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, solicitado días pasados por el Gobierno paraguayo y que estaría más próximo de lo esperado.

El comunicado del mandata­rio se refiere además al caso del italiano Césare Battisti, uno de los delincuentes más buscados de Italia que fue condenado a cadena perpe­tua, pero que por años fue protegido por los gobiernos de Francia y Brasil. Battisti estaba prófugo desde diciem­bre pasado luego de que auto­ridades brasileñas anuncia­ron su extradición a su país de origen, pero hace días lo detuvieron en Bolivia.

En su tuit, Bolsonaro asume el compromiso de extraditar a Battisti de inmediato para que de esta manera pueda finalmente afrontar a la Jus­ticia italiana.

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“En reunión con los minis­tros de Justicia, Relaciones Exteriores y GSI (Gabinete de Seguridad Internacional), así como en contacto con auto­ridades italianas, decidimos ayudarlos. Brasil ya no será refugio de marginales o ban­didos disfrazados de presos políticos”, reza parte de lo escrito en la cuenta de Bol­sonaro.

La situación no está ajena a la realidad actual de Para­guay, ya que también clama por dos supuestos secuestra­dores (Arrom y Martí) que se encuentran asilados en Bra­sil en carácter de refugia­dos políticos. Ambos fueron procesados y acusados por el secuestro de María Edith Bordón. Sin embargo, en agosto del 2003, poco antes de iniciarse el juicio oral y público en el que se resolve­ría si fueron o no responsa­bles del crimen del que lo acu­san, lograron escapar.

Posteriormente, estas perso­nas entablaron una demanda ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo, alegando que supuestamente fueron víctimas de privación ilegítima de libertad y tor­tura por parte de autorida­des nacionales. La Corte IDH debe resolver el próximo 7 de febrero el caso.

Sin embargo, todavía queda pendiente el pedido de este gobierno a las autoridades brasileñas, ya que una vez revocado el asilo político, podrán ser extraditados al país para que finalmente afronten a la Justicia nacional.

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