Por Ricardo Rivas, corresponsal en Buenos Aires
Nicolás Maduro, venezolano que lidera un poder ejecutivo con particulares señas de dictadura desde su poltrona en el Palacio de Miraflores, donde se asienta el poder en ese país desde 1900, en el centro mismo de Caracas, continuará aplastando los derechos humanos en general y la libertad de expresión en particular hasta 2025 desde el pasado 10 de enero cuando –en el transcurso de una ceremonia de non fiction– juró una vez más ser fiel a sí mismo y al alienado grupo de autócratas que lo secunda.
Simuló su continuidad sobre una constitución amañada con la que pretende mantenerse seis años más en el comando de esa especie de asociación ilícita de írrita legalidad e indemostrable legitimidad con las que continuará avasallando los derechos humanos en general y la libertad de expresión en particular que, “en el sexenio 2013-2018, ha sido violado en más de 3.000 oportunidades”, recuerda Humberto Márquez, secretario general a cargo de la Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (APEX), en diálogo con La Nación.
“Según la organización no gubernamental (ONG) Espacio Público, la mayoría de las violaciones comprenden ataques a los periodistas y a los medios, censura, intimidación, hostigamiento judicial y verbal por parte de autoridades, amenazas, restricciones administrativas (como vedar acceso a divisas para importar insumos, sorprendentes revisiones fiscales o incautación de equipos) y opacidad en el acceso a la información”, agrega Márquez.
El veterano colega relata que “algunos periodistas y editores se encuentran encarcelados, están bajo procesos judiciales o fueron anulados sus pasaportes”, añade y describe que “medio centenar de publicaciones, por falta de papel cuya importación maneja el Estado, debieron cerrar forzosamente al igual que 65 estaciones de radio y ocho televisoras”.
“Varios periódicos que fueron de gran tiraje y el canal con 24 horas diarias a la información, fueron comprados, en negociaciones poco transparentes, por grupos privados que cambiaron las líneas editoriales para favorecer al gobierno con discursos afines lo que se ha constituido en un claro cerco que limita la libertad de expresión y el derecho a la información de la población acerca de, por ejemplo, las 9.700 protestas en el 2017 y más de 11.000 en 2018 registradas por observatorios de conflictividad social”, describe con preocupación quien lidera a los corresponsales extranjeros en Venezuela.
En ese país, rige “una ley contra el odio, producida al margen del Parlamento que se ha llevado a la cárcel a comunicadores no periodistas, como dos bomberos de un apartado pueblito que divulgaron un video en el que comparaban al presidente (Maduro) con un burro, o un tuitero que divulgó el plan de vuelo del avión presidencial, cuando se trata de una información libremente disponible en la Internet”, continúa en tono de ejemplo.
“El trabajo de los corresponsales de prensa internacional resulta no solo difícil sino riesgoso”, reseña Humberto Márquez y denuncia que “varios fueron arrestados por pocas horas en tanto que, algunos, como el colega alemán Billy Six, lleva casi dos meses preso o han sufrido heridas, agresiones o robos, principalmente por parte de grupos de tarea paragubernamentales que se infiltran en protestas, al cubrir situaciones de calle o enviados especiales que fueron deportados desde el mismo aeropuerto al momento de arribar a Caracas”.
Nicolás Maduro señala enfáticamente que “las agencias de noticias, las cadenas de televisión y los periódicos referenciales de la prensa internacional “son agentes de una guerra mediática, económica y política dirigida desde centros de poder fuera de Venezuela que procura derrotar la revolución bolivariana y derrocar al gobierno esparciendo caos, confrontación y mentiras”, apunta Márquez con indisimulada preocupación.
Semanas atrás, Esmeralda Arosemena, vicepresidente primera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó una vez más al gobierno de Venezuela “a respetar todas las posiciones y los derechos de las personas”.
En ese contexto, Humberto Márquez sostiene que en la Venezuela sojuzgada por el dictador Maduro “el periodismo crítico, independiente o desarrollado bajo los parámetros más usuales en Occidente soporta ya casi dos décadas de duro e incesante asedio de parte del poder que desarrolla una estrategia para extinguir el contrapoder que representa una opinión pública pluralmente informada” y recuerda que en el 2008, Andrés Izarra, por entonces ministro de Comunicación e Información chavista sostuvo: “Nuestro socialismo necesita de una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público”.