Los representantes legales de los prófu­gos de la Justicia para­guaya Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán están recurriendo a chicanas para evitar que los mismos ven­gan al país a responder por el secuestro de María Edith de Debernardi, afirmó el canci­ller en ejercicio, Hugo Saguier Caballero. “Están usando chicanas tratando de fre­nar lo que corresponde, que es que vengan a rendir cuen­tas”, indicó a Radio 1000 AM.

Alegó que el Paraguay oficia­lizó su pedido de revocatoria de la condición de refugia­dos a Arrom, Martí y Col­mán, que les fuera otorgada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). “Deben presentarse ante la Justicia, no les estamos pidiendo otra cosa”, manifestó.

La presentación de la anula­ción de refugio político de la que gozan los mismos en el Brasil fue realizada formal­mente el jueves último ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, en Ita­maraty. El objetivo es conse­guir la “cancelación, revoca­ción y/o cesación del estatus de refugiados” de los presun­tos secuestradores para que sean extraditados y juzgados por la Justicia local. El pedido fue llevado a cabo con funda­mentos de hecho y de dere­cho que sustentan la reeva­luación del caso, de acuerdo a lo manifestado por el ministro sustituto al propio canciller del Brasil, Ernesto Araújo, en Brasilia.

Los fundadores del Partido Patria Libre (PPL) están pro­cesados e imputados por el secuestro de María Edith, hecho que se registró el 16 de noviembre del 2001. Arrom y Martí denunciaron que fue­ron raptados y torturados por policías tras el pago del res­cate de la mujer en el 2002. El supuesto hecho fue denun­ciado por sus familiares ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH), la cual falló a favor. Hoy el caso está ante la Corte Interamericana.

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“Mordaza” para la prensa

Los abogados de Arrom y Martí presentaron ante la Corte IDH una medida cautelar con la cual pretenden prohibir todo tipo de información en torno al caso, denunció el fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Ricardo Merlo.

“Lo que ellos pretenden es una medida cautelar tipo mordaza para la prensa. Es decir, que el Estado ya no hable ni se pase información a la prensa sobre el caso y sus avances y lo que está sucediendo”, expresó a Radio 1000 AM. Alegó que de correr ese pedido se daría una situación extremadamente grave porque en un caso como este la ciudadanía tiene que estar informada de todo lo que está sucediendo.