El Gobierno oficializó ayer ante el Minis­terio de Relacio­nes Exteriores de la Repú­blica Federativa del Brasil el pedido de “cancelación, revocación y/o cesación del estatus de refugiado” de los ciudadanos paragua­yos Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Mén­dez y Víctor Antonio Col­mán Ortega, concedido por el Comité Nacional de Refu­giados (Conare).

Los mismos están proce­sados e imputados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocu­rrido el 16 de noviembre del 2001. La solicitud se hizo ante la existencia de funda­mentos de hecho y de dere­cho que sustentan la reeva­luación del caso, de acuerdo a lo manifestado por el minis­tro sustituto Bernardino Hugo Saguier Caballero al propio canciller del Brasil, Ernesto Araújo, en Palacio de Itamaraty, Brasilia.

Saguier Caballero explicó que la decisión se funda­menta en la obligación del Estado de asegurar las con­diciones de impartir justicia, teniendo en cuenta que estas personas son requeridas por la Justicia paraguaya y la existencia de nuevos hechos en torno al caso. “Se basan en razones de hecho y de dere­cho con suficiente consisten­cia, pues han ocurrido nue­vos hechos y se verificó que los refugiados vulneraron la normativa interna brasi­leña”, aseguró.

De acuerdo a lo manifes­tado por el diplomático, el Estado paraguayo demostró con documentación fundada que Arrom, Martí y Colmán deben responder ante una causa penal abierta y que los mismos habían huido del país a días del juicio oral y público al que estaban some­tidos. “Ante el inminente cambio de gobierno que iba producirse en el Brasil, se decidió esperar el inicio del nuevo período constitucio­nal para formalizar la soli­citud de cancelación, revoca­ción o cesación del refugio”, señaló.

“Es un interés del Estado pre­servar su seguridad interna, lo que implica el normal fun­cionamiento de la adminis­tración de justicia. Por ello resulta imprescindible que los señores Arrom, Martí y Colmán sean puestos a dis­posición de la Justicia para­guaya para deslindar sus res­ponsabilidades en los graves delitos que se les imputan”, afirmó también el canciller en ejercicio.

El representante legal de los prófugos de la Justicia paraguaya Juan Arrom y Anuncio Martí, Carlos Abadie Pankow, remitió una nota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la cual solicita medidas de protección para ambos.

El pedido se hizo luego de que el Gobierno presentó el pedido formal de la suspen­sión de la calidad de refugiados otorgada por el vecino país a los dos acusados del secuestro de María Edith de Debernardi. El abo­gado argumenta que, de correr la petición, la seguridad e integri­dad de Arrom y Martí se verán afectadas, porque en Paraguay no hay garantía de que se respeten sus derechos.

También denunció la supuesta campaña de desprestigio impulsada desde el Gobierno paraguayo en contra de la Comisión Interame­ricana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH. Según dijo a la radio 780 AM, el Estado paraguayo a través de sus autorida­des busca desinformar y confundir a la ciudadanía, buscando que la sociedad se vuelva en contra de sus clientes.

“Resulta notorio el ambiente hostil que el Gobierno paraguayo está creando hacia todos mis representados”, indicó en su escrito. Agregó que el caso del secuestro de María Edith ya prescribió, pero que aun así la Corte rechazó un hábeas corpus genérico presentado ante esa instancia.