Ayer, un grupo de ex funcionarios de la municipalidad de Ciudad del Este, Alto Paraná, actualmente intervenida por Carolina Llanes, solicitó a la profesional la reincorpora­ción laboral rechazando las disposiciones tomadas por la misma de desvincularlos “injustamente” y acusarlos de “planilleros y hurreros”.

Los ciudadanos pertene­cientes al sindicato de traba­jadores estuvieron desde la mañana frente a la sede del municipio esteño cuestio­nando a la interventora Lla­nes por la desvinculación de forma masiva de funcionarios que gozan de estabilidad per­manente mediante su anti­güedad de 10 a 25 años.

Además, presentaron una nota solicitando a la interven­tora la reintegración de los 41 trabajadores. “Lamentamos estos hechos, habiendo acor­dado en principio cooperar entre todos una mejor ejecu­ción de los trabajos que com­peten a las partes”, expresa parte de la nota dirigida a la interventora. Asimismo, cuestionaron que la doctora los haya acusado de “plani­lleros y hurreros”, dando a entender que no tenían fun­ciones dentro de la munici­palidad.

Carolina Llanes.
Carolina Llanes.

En la primera auditoría rea­lizada, Llanes dispuso la des­vinculación de este grupo de contratados. En el informe dado a conocer por la inter­ventora argumentaba que se comprobó que no cumplían una función específica o que sus contratos habían fene­cido. En ese entonces, tam­bién anunció que habría más despidos de personas porque registraron un total de 100 funcionarios sin funciones.

INDEMNIZACIÓN

Por otra parte, Bernardo Villalba, representante legal de Sandra McLeod, intendenta suspendida, anunció que reali­zarán una demanda en lo penal y civil contra la designada del Poder Ejecutivo por extralimi­tarse en sus funciones dentro de la administración esteña. Indicó que con esto la misma se podrá ver afectada en cuanto a indemnizar a los 41 funciona­rios desvinculados, teniendo en cuenta que la Ley 317/94, que “Regula la intervención”, solo le da potestad a la misma de suspender (hasta que dure la intervención), en el caso de que los mismos no ayudasen durante el proceso de inves­tigación de supuestas irregu­laridades.