Tras la polémica y una especie de “psicosis” que generó la insis­tencia con la implementa­ción del Servicio Militar Obligatorio (SMO), ahora el gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, desarticuló el plan. En este sentido, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, sostuvo que no es una obligatoriedad para los jóvenes que realicen el servi­cio militar.

“No existe manera de coac­cionar al joven para ir tanto a cumplir con el servicio mili­tar, por más de que sea una ley, ni tampoco para ir a pagar la tasa militar”, expresó Soto Estigarribia.

El titular de Defensa parti­cipó de la convocatoria por parte de la Comisión Per­manente encabezada por el diputado Antonio Buzarquis, para analizar los alcances de la Ley del SMO. Durante la reunión, Soto Estigarribia indicó que el Artículo 129 de la Constitución Nacional establece claramente como mandato que todo ciudadano tiene que prepararse y prestar su concurso para la defensa de la Patria. “En esa orienta­ción se establece el Servicio Militar Obligatorio, que está vigente, y el servicio militar obligatorio tiene como prin­cipal finalidad, la instrucción militar para contar con una reserva instruida que pueda ser utilizada en un momento determinado que la Nación lo requiera”, expresó el minis­tro.

Sin embargo, Soto Estiga­rribia también admitió la figura de la objeción de con­ciencia en la misma Consti­tución Nacional, y el mismo establece que los jóvenes no están obligados a cumplir con el servicio militar. “Al mismo tiempo establece otra figura que es la objeción de concien­cia, un legítimo derecho para todos aquellos jóvenes que en base a razones éticas o reli­giosas objetan cumplir con el servicio militar obligato­rio; también establece que deberían hacer un servicio sustitutivo”, explicó. Pese a que el ministro asegura que nadie está obligado a cumplir el servicio militar, tampoco está de acuerdo en derogar la ley que exige el cobro de la tasa militar.

La reculada del Gobierno se dio luego de las fuertes crí­ticas de la ciudadanía, prin­cipalmente de los jóvenes, que no están de acuerdo con el servicio militar. En el afán de implementar la obligato­riedad, el mandatario incluso inscribió a su hijo, menor de edad, al Cimefor.