Se abre un nuevo capítulo de la informalidad que sacude a la empresa familiar de la presidenta de Petropar, Patricia Samudio. Las cuentas del marido de la jefa de la petrolera estatal, José Costa Perdomo, y su firma Triqueta SA se encuentran inhabilitadas desde diciembre pasado, por violar la Ley de Cheques.

La emisión de cheques con insuficiencia de fondos es una de las causales de la inhabilitación de cuentas bancarias. La empresa Triqueta SA es conocida en el mercado como intermediaria en la compra y venta de combustibles. Es decir, compra de grandes emblemas y luego las provee a grandes navieras, además de contar con una flota de camiones.

Investigaciones de nuestro diario alertaron precisamente que Triqueta SA posee millonarias deudas en el sistema financiero, que rondan los US$ 4 millones y que coincidentemente Samudio desvió dinero que se depositaban en banco público a entidades privadas.

Al asumir el cargo, Samudio ordenó mover un total de US$ 43 millones a bancos privados, fondos que estaban depositados en el BNF de un total de US$ 123 millones. Los restantes US$ 80 millones siguen en el BNF. Uno de los bancos donde se desvió la mayor cantidad de dinero, cerca de US$ 20 millones, es el GNB PGY, una de las entidades bancarias con la que opera la empresa Triqueta SA, cuyo principal accionista es el esposo de la presidenta de Petropar, hoy día suspendido en el sistema financiero.

Samudio ignoró el decreto que ordena que todos los recursos de los organismos y entidades del Estado deben ser depositados en el BNF. Coincidentemente desvió la mayor parte de los fondos al banco donde el marido registra una importante deuda.

Sin embargo, el banco donde adeuda Costa Perdomo no fue el único beneficiado. Otro acreedor beneficiado con la administración de su esposa, Patricia, es Monte Alegre SA.

Petropar vendió combustible más barato al acreedor del esposo de la presidenta. Días antes de definirse la suba del precio del combustible, la empresa de Hoeckle retiró 7,5 millones de litros de gasoil Tipo III de Petropar a un precio de G. 4.363 el litro y dos días después se concretó la suba para el consumidor final en G. 5.230 el litro. Solo en una operación por la variación de precio, Monte Alegre ganó US$ 1 millón, sin contar el margen de ganancia por la venta del combustible. Encima accedió a la compra pese a tener una deuda de G. 31 mil millones con la petrolera estatal, además de un plazo de 15 días para pagar por el combustible retirado.

El escandaloso proceder de Samudio, sin embargo, no llamó la atención en el trabajo de auditoría realizado recientemente y el ex fiscal Carlos Arregui salió a decir que “no se han encontrado hechos que sean penalmente relevantes”.