El vicecanciller nacional Hugo Saguier Caballero también se pronunció en contra de la posible indemnización de US$ 63 millones que el Estado paraguayo deberá pagar a Anuncio Martí y Juan Arrom, en caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) así lo decidiera. Manifestó que si se diera una sentencia a favor de estas personas sería una “barbaridad jurídica”.
La denuncia contra el Estado se debe a supuestas torturas sufridas por los dirigentes políticos del entonces movimiento Patria Libre, en el año 2002; la Corte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberá decidir el próximo siete de febrero si en verdad estas personas fueron víctimas y en caso de que el fallo se diera a favor de los denunciantes, Paraguay estará obligado a despojarse de la suma mencionada anteriormente.
Ante esta posibilidad, Saguier manifestó que el Gobierno analiza muy seriamente la situación.
