Respetar las garantías en el proceso sobre la demanda estable­cida por los prófugos acusa­dos por secuestro, Anuncio Martí y Juan Arrom, con­tra el Estado paraguayo es el exhorto del fiscal adjunto Ricardo Merlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lleva la causa.

Ante una inminente condena de US$ 63 millones que el organismo quiere impo­ner a nuestro país, Merlo dijo que “nosotros lo que estamos pidiendo es que se respeten las garantías en un proceso que puede tener vibraciones bastante complejas, más allá de lo económico para nues­tro país”.

Las declaraciones del agente surgen al señalar diversas irregularidades en el proceso, tales como que la CIDH solo admite un testigo en la causa, así como en la “veloci­dad inusual” en que se esta­bleció la realización de la audiencia.

“Hay que hacer un poco de historia. Esta denuncia fue presentada por el abo­gado Andrés Ramírez ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Huma­nos, que es la instancia fil­tro en el 2002. Nos salió un informe de la comisión, en el cual recomienda a Paraguay que dé una satisfacción en lo económico y un tratamiento sicológico a ambos”, dijo.

Señaló también que el con­flicto fue debatido primera­mente por la máxima instan­cia judicial de Paraguay en primera y segunda instan­cias, en las que se determinó que los agentes del Estado que ellos sindicaban para que sean investigados “no tuvie­ron ninguna participación” en el supuesto rapto.

“A una velocidad inusual la Corte Interamericana fijó para el 6 de febrero del próximo año la audiencia y nos notifican hace 3 sema­nas. Lanzaron la resolución en la que solo admiten un testigo, al doctor Óscar Germán Latorre, exigimos que se respete al Estado paraguayo dando la opor­tunidad de que se realice el debate como corresponde”, sentenció.

Agregó que Paraguay cuenta con peritos que son médi­cos, siquiatras y los fiscales que llevaron la causa y que pueden dar plena informa­ción sobre cada diligencia que se hizo.

“Tenemos un 98% de las dili­gencias realizadas que fue­ron pedidas por la gente de Arrom y Martí. Hay 14 tomos de investigación, más las 120 diligencias realizadas por los agentes sobre el supuesto secuestro de estas dos per­sonas”, manifestó.

Los ex líderes del Partido Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí, fueron considerados refugiados políticos bajo el gobierno de Lula Da Silva en el 2003. Ambos fueron acusados de participar en el secuestro de la empresaria María Edith Bordón en el 2001.

Arrom y Martí se fugaron cuando estaban por ser sometidos a juicio oral y público, en agosto de 2003, por el secuestro de Bor­dón. Pese a los pedidos de sucesivos gobiernos paraguayos, el vecino país no accedió a revocarles su condición. La agrupación política que ambos fundaron años atrás dio origen al grupo crimi­nal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).