A días de que concluya el 2018, el Ministe­rio Público man­tiene “cajoneadas” varias investigaciones claves sobre usurpación de funciones públicas, enriquecimiento ilícito y, en su gran mayoría, por apropiación indebida del dinero público. Los inves­tigados son funcionales al Gobierno o tienen relación directa con él.

Las denuncias penales que están “cajoneadas” son contra: Fernando Lugo, por la elección a dedo de Rodolfo Friedmann para el Senado; Miguel Cuevas, presidente de Diputados, y su esposa por lesión de confianza y planillerismo; Rodolfo Fried­mann, por enriquecimiento ilí­cito –la acusación fue realizada por un centenar de ciudadanos del Guairá–, y contra Patricia Samudio, titular de Petropar, por irregularidades en los pri­meros dos meses de su gestión en el ente –habría beneficiado a asesores del entorno del pre­sidente, Mario Abdo Benítez–. Varios de los denunciantes ase­guran que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, pro­tege a los denunciados y es que es la única manera de compren­der el porqué en algunos casos se demoró excesivamente en determinar un agente fiscal para indagar las denuncias. O, en otros casos, los fiscales no lograron ningún avance en las pesquisas después de meses de tener a cargo las causas.

En junio del 2018, el entonces presidente del Senado, Fer­nando Lugo, fue denunciado por usurpación de funcio­nes públicas. Los denuncian­tes son los senadores electos y proclamados Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, este último actual titular de la Enti­dad Binacional Yacyretá (EBY).

El sábado 30 de junio, el enton­ces presidente del Senado, Fer­nando Lugo, asumió todas las funciones y atribuciones del Tribunal Superior de Justi­cia Electoral (TSJE) al con­vocar, por cuenta propia, a jurar como senador al abdista Rodolfo Friedmann, quien per­dió en las pasadas elecciones de abril. De esa forma, el sacerdote impidió que el ganador en las urnas electorales y proclamado por el TSJE, el senador Horacio Cartes, pueda juramentar para asumir su banca como senador.

Una situación similar a la de Horacio Cartes vivió Nicanor Duarte Frutos, a quien también impidieron juramentar como senador electo y proclamado; en su reemplazo, Fernando Lugo decidió convocar a jurar a Mirta Gusinky. Posterior­mente, Duarte Frutos asumió como director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), cargo que le fue ofrecido por el presidente, Mario Abdo Benítez. Con esa decisión per­sonal Lugo se arrogó funciones que la Constitución Nacional reserva exclusivamente para el TSJE, explicó en su acusación el abogado Juan Sosa Bareiro, asesor legal del senador electo y proclamado Horacio Cartes. La denuncia penal promovida se sustenta en el artículo 241 del Código Penal, que habla de la usurpación de funciones públicas.

Seis meses después de la denun­cia penal contra Fernando Lugo, los fiscales Sonia Mora y Rodrigo Estigarribia aún no presentan imputación con­tra el legislador. Los abogados de Horacio Cartes, en cuatro ocasiones, urgieron para que se impute a Fernando Lugo por usurpación de funciones públi­cas, pero hasta el momento la respuesta de los agentes fisca­les es la dilación de la pesquisa a pedido de los abogados defen­sores.

En octubre de este año, una denuncia periodística descu­brió que el abdista Rodolfo Friedmann y sus partners rea­lizaron un verdadero “carna­val” con los recursos públicos cuando gestionaban la Gober­nación de Guairá. Pese a las pruebas expuestas, el Minis­terio Público ignoró las mis­mas hasta que un centenar de ciudadanos optó por denunciar al ex gobernador y su equipo, este último actualmente aco­modado en el Instituto Nacio­nal de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y en otras enti­dades del gobierno dirigido por Mario Abdo. Los ciudadanos autoconvocados de Villarrica denunciaron a Friedmann –ex gobernador de Guairá– por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimo­nio como lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, pecu­lado por apropiación, produc­ción mediata de documentos públicos y uso de documentos públicos.

Rodolfo Tischler, quien lidera la organización de autoconvo­cados, calificó a Friedmann de “ladrón, sinvergüenza, que ni pagando a la gente tiene credibi­lidad”. El ciudadano cuestionó a la Contraloría por mantener congelado por más de un año el informe de la gobernación, y a la Fiscalía por desentenderse de las malversaciones detectadas que tomaron estado público.

Tres meses después de la denuncia realizada por un centenar de ciudadanos del departamento del Guairá ante el Ministerio Público, recién a mediados del presente mes la fiscala Liliana Alcaraz asu­mió el caso. Los denunciantes exigen celeridad al Ministerio Público en la investigación a Rodolfo Friedmann.

En setiembre del presente año, el concejal de Ybycuí por el Partido Democrático Progre­sista (PDP), Ezequiel Cáceres López, acusó penalmente ante el Ministerio Público al presi­dente de la Cámara de Diputa­dos, el abdista Miguel Cuevas, por lesión de confianza y enri­quecimiento ilícito durante su gestión como intendente de Sapucai y como gobernador de Paraguarí.

La cónyuge de Miguel Cue­vas, Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, también fue acu­sada por el cobro indebido de honorarios como docente en la Escuela Básica Nº 151 Ingla­terra en Sapucai, la denuncia periodística comprobó que era “planillera” –cobraba, pero no asistía a trabajar– en la men­cionada institución con la apa­rente complicidad de Rosa Noemí Mereles de Cuevas, cuñada de Nancy Florentín, y de una de las vicedirectoras de la institución educativa.

En octubre de este año, la fis­cala anticorrupción Josefina Aghemo se constituyó en la sede de la Gobernación de Para­guarí, mientras que la fiscala Yolanda Portillo lo hizo en la Escuela Básica Nº 151 Ingla­terra, en la localidad de Sapu­cai. Posteriormente pidieron informes a 20 instituciones del Estado para verificar la denun­cia penal.

Cuatro meses después de la denuncia contra el clan Cue­vas, la ciudadanía no tiene ninguna información sobre los resultados de las indagaciones ni de otros elementos sobre el proceso de la investigación; es decir, la causa está literalmente “cajoneada” por las agentes fis­cales a cargo del caso.

Luis Villamayor, asesor jurí­dico de la Asociación de Ope­radores y Propietarios de Esta­ciones de Servicio y Afines del Emblema Petropar (Aope), en octubre del 2018 denunció a Patricia Samudio, presidenta de Petróleos Paraguayos (Petro­par), por tráfico de influencias, lesión de confianza, enrique­cimiento ilícito y revelación de secretos de servicio, realizados en sus dos primeros meses de gestión al frente del ente estatal.

Samudio, señala la denuncia penal, ordenó transferir 43 millones de dólares del Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, contraria­mente a lo que establece la ley vigente y el decreto presiden­cial. Llamativamente el banco que más dinero recibió fue el GNB Paraguay, entidad en el que el esposo de Samudio posee una deuda de 2 mil millo­nes de guaraníes. Asimismo, la titular de Petropar vendió 7,5 toneladas de combustible a la firma Monte Alegre SA –ligada a Luis Alberto Pettengill, ase­sor económico ad honoren del presidente, Mario Abdo– a un precio ventajoso y a días del aumento del precio del hidro­carburo realizado a finales de octubre, permitiendo una ganancia millonaria injustifi­cada de la empresa en cuestión, entre otros hechos punibles. Luego de 60 días de haberse formulado la denuncia contra Patricia Samudio y tras reite­radas denuncias de los medios de comunicación por la lenta gestión, el Ministerio Público finalmente designó a la agente fiscal Clara Ruiz Díaz como la encargada de la pesquisa. Ante la inacción del Ministe­rio Público, Luis Villamayor llegó a anunciar que solicita­ría al Congreso Nacional el trá­mite de un juicio político con­tra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por encu­brir a Patricia Samudio, titular de Petropar. Y es que desde el mes de octubre, cuando denun­ció ante el Ministerio Público a Samudio, nunca prosperó la investigación.

Ante el escándalo en Petropar por parte de Patricia Samudio, ex funcionaria de los emblemas internacionales de combusti­ble, el presidente Mario Abdo Benítez puso paños fríos nom­brando al ex concejal de Asun­ción por el PDP, Carlos Arregui, para que realice una auditoría de la petrolera estatal durante el periodo del anterior gobierno y los dos meses de gestión de la nueva titular del ente público.

Para los denunciantes, la len­titud de las investigaciones penales por parte del Minis­terio Público deja un sabor no solo a dilación, sino también a complicidad porque coinci­dentemente los investigados son referentes del abdismo o contribuyeron a sus propósi­tos políticos. Los afectados, en nombre de la ciudadanía, exi­gen al Ministerio Público la agi­lidad necesaria para conocer el manejo de los recursos públi­cos por parte de los acusados, así como la violación a la Cons­titución y otras leyes. Creen que la Fiscalía debe ponerse en el 2019 los pantalones largos para estar a la altura de los requeri­mientos de los ciudadanos.