El defensor del Pue­blo, Miguel Godoy, recordó que la sena­dora Desirée Masi fue una de las responsables de san­cionar la Ley Nº 4.010/13 de Objeción de Conciencia y de las multas establecidas en ella; sin embargo, ahora cuestiona la confusión gene­rada en torno a la misma, queriendo responsabilizar a Godoy de pretender cobrar una sanción que ella misma aprobó en su momento.

Lamentó que quieran cul­parlo de toda la confusión generada con este tema, siendo que lo único que él hizo fue reglamentar una ley que ya estaba sancionada. “Resulta que finalmente ter­mina siendo el culpable de esta situación el defensor del Pueblo, cuando el defensor lo único que hizo fue regla­mentar una ley que la señora Masi sancionó. Dentro de esa reglamentación se esta­blece la declaración de insol­vencia para que los chicos no paguen la multa y que no hagan el servicio si no pue­den, y socialmente ellos no pueden hacer eso”, exclamó.

Masi incluso señaló que a raíz de esto el defensor debe ser sometido a juicio polí­tico, además de varios otros cuestionamientos durante su gestión. Instó además a los jóvenes a que no paguen nada antes de definirse lo que pasará con el Servicio Militar Obligatorio (SMO). Godoy considera que las declara­ciones son “irresponsables e inoportunas”, ya que los que firmaron la reglamen­tación fueron todos los inte­grantes del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.

“Me parecen muy inopor­tunas e irresponsables las declaraciones de la sena­dora Desirée Masi, sin que la misma tenga en su mano el reglamento firmado por puño y letra por los miem­bros. Porque si por esas razo­nes ella pide mi juicio polí­tico, está pidiendo el juicio político del senador Querey, del diputado Latorre, por­que también ellos firmaron el documento, me refiero a los integrantes del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia”, manifestó.

Agregó que ellos no crea­ron ninguna multa, lo que hicieron desde el consejo fue nada más que reglamentar la ley y establecer paráme­tros de declaración de insol­vencia para aquellos jóve­nes que quieran acceder al carnet de objeción de con­ciencia y que no tengan para pagar los G. 400.000.

“No creamos ninguna multa, lo que hicimos fue reglamentar la ley que ella misma sancionó, la que establece una multa de G. 400.000 en un solo cobro. Lo que yo hice fue reglamen­tar esta ley y establecer los parámetros de la declara­ción de insolvencia para que la regla general sea otorgar el carnet ya sea por servi­cio al Estado, actividades de beneficencia sin fines de lucro o por medio de la declaración de insolvencia de manera directa”, aclaró.

Godoy dijo que no contes­tará a la senadora en nin­gún “lenguaje camorrero” por respeto a su condición de dama, pero le pide que antes de sacar sus conclusiones pueda leer la reglamentación por “responsabilidad”. “Por responsabilidad le pido que pueda leer primero la regla­mentación y la ley de manera a que de ahí pueda sacar sus conclusiones, porque si no queda como que lo único que quiere es asumir un prota­gonismo en una situación de manera absolutamente innecesaria”, afirmó.

Miguel Godoy señaló que toda la confusión generada en cuanto al pago de las mul­tas por incumplimiento del SMO, además de otras san­ciones como la no renova­ción de los documentos y prohibiciones para acce­der a algún cargo público, se generó tras las declara­ciones del viceministro de Defensa, Guzmán Espínola, quien intentó “desempol­var” la ley de 1975.

“Toda esta confusión se dio a consecuencia de las tristes declaraciones por parte del viceministro de Defensa, en las que intentó desempol­var la ley del 75, habló de las sanciones, habló de esa ley que contempla todo lo que hace esencia a la misma dic­tadura. Cuando él empezó a hablar de eso, ahí se armó todo el barullo porque no van a encontrar ninguna grabación o declaración en la que yo haya hablado de algún tipo de circunstancia con respecto al ‘75. El vice­ministerio de Defensa inició una campaña tratando de desempolvar una ley dero­gada por la Constitución Nacional misma”, dijo.

Agregó que en la reglamen­tación firmada por el Con­sejo de Objeción de Con­ciencia no fue estipulada la existencia de algún tipo de multas ni prohibiciones para el acceso a las funcio­nes públicas, ya que la Cons­titución Nacional establece como único requisito para el acceso la idoneidad del pos­tulante.

“No puede estar una ley del 75 sobre la Constitución de 1992. El viceministro pre­tendía incorporar dentro del régimen del cuartel mismo a la gente que terminó la Cimefor y cobrar multas a la gente que tenía más de 50 años, y nosotros tuvi­mos que reglamentar esta ley con suma urgencia para darle claridad a la ciudada­nía”, manifestó.

Otro de los puntos resalta­dos por el defensor es que los integrantes del consejo le dieron una visión polí­tica a la realidad social de los chicos que no tienen tra­bajo y que están en busca, de manera a que con su declara­ción jurada puedan demos­trar que no están en con­diciones de pagar la multa ni de asumir algún tipo de trabajo a favor del Estado, solamente firmando un for­mulario ya podrán retirar su carnet de manera gratuita.

Aclaró que en ningún momento tuvo la intención de perjudicar a nadie; por el contrario, sostiene que todo lo que hizo fue de manera a que los jóvenes que estén imposibilitados de cumplir con el SMO puedan de todas formas acceder a su carnet de objetores de conciencia.

“Esta situación es muy injusta, que finalmente ino­centes paguen por pecado­res, porque ellos iniciaron esta situación con sus decla­raciones, nuestras declara­ciones siempre fueron de que se puede retirar el carnet de manera gratuita, de que la regla es no cobrar ni un solo peso, de que la multa es una situación excepcional y de que se declaraba un periodo de gracia de seis meses para la socialización de todo lo que se trabajó en la regla­mentación”, aseveró.