- POR ROSSANA ESCOBAR M.
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La diputada investigadora de lavado de dinero Celeste Josefina Amarilla, lobbista del rubro merienda y almuerzo escolar en la Comisión Bicameral de Presupuesto (según señalaron sus colegas), demandó por millonarios intereses moratorios a la Gobernación de Central, justamente en rubro de alimentos.
Al parecer, la iniciativa de garantizar los derechos a la alimentación y educación de los niños solo fomenta el negociado en algunos lugares.
El año pasado, cuando todavía Amarilla aparecía en los papeles como accionista de Arcángel SA, la firma entabló una demanda por cobro de intereses moratorios por unos G. 10.800 millones a la Gobernación de Central. Todo apunta a un esquema de inacción reinante en la administración anterior que retrasó pagos en la provisión de la merienda escolar en el departamento, lo que favoreció para que la contratista saque provecho extra con jugosos cobros por mora.
La demanda es por retrasados de pagos de ejecución de contratos en el 2014 y el 2015.
ADREDE
Desde la actual administración de la gobernación incluso señalaron que “adrede” se pudo haber caído en esta demanda. Los asesores de la época del ex gobernador Blas Lanzoni prácticamente regalaron el caso a la demandante al no alegar elementos fundamentales que obran en contrato y que blindan intereses de la institución.
Si bien se estipula la mora en caso de retraso, por ejemplo, el contrato de provisión establece que los pagos se realizarán conforme a las transferencias del Ministerio de Hacienda. Este alegato no fue presentado ante el juzgado pertinente.
“Es muy poco el argumento que esgrimió la administración anterior, nosotros vinimos y encontramos esto prácticamente en su etapa final. Poco y nada lo que pudimos hacer dentro del juicio porque fue muy frágil el argumento de la gobernación”, sostuvo el actual asesor jurídico de la Gobernación de Central, Édgar Zaracho.
La administración anterior solo planteó que “se tiene que hacer un mejor cálculo, no se desconoce la deuda, pero se tiene un mejor cálculo porque el monto es exagerado”.
Por su parte, el administrador actual de la gobernación, Carlos Giménez, manifestó que “hubo una inacción jurídica de la administración anterior. Tenía que defender de alguna manera, tengo entendido que eso ya compete al área jurídica no al área administrativa. Pero está establecido en los contratos que se firman con los proveedores de que los pagos se van a hacer de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias que la institución tenga, considerando que nosotros dependemos de fuentes de ingreso del tesoro, transferencias por impuestos inmobiliarios, IVA, y si esas cuentas no son transferidas para poder cumplir nuestras obligaciones, de hecho que se va a generar algún tipo de mora”.
Al ser consultada sobre el caso, la diputada Amarilla señaló: “Eso es por derecho de la empresa, no te voy a negar lo que existe, pero yo ya no soy dueña y no hice lobby para eso”.
FACTURACIONES
La diputada “antilavado” se colgó históricamente de las licitaciones de merienda y almuerzo escolar. Manejó cuestionadas empresas denuncias por mala calidad de los productos, insumos a punto de vencer, hasta de proveer almidón azucarado en vez de leche en polvo en Central.
En el portal de Contrataciones Públicas, desde el 2010 al 2017, figuran adjudicaciones por unos US$ 45 millones a través de sus firmas Arcángel SA y Pinoty SA.
La diputada insiste en que ya vendió sus acciones de Arcángel SA en enero de este año a su amiga y socia de otro negocio de nombre María Isabel Gavilán, quien es por cierto la cara visible de los negocios. En cuanto a Pinoty sostuvo que ella solo era “gerente comercial” en esta firma.
Arcángel SA, que tiene una demanda por G. 10.800 millones contra la gobernación, es la firma que figura en la “tragada” por la cual se le imputó al ex gobernador Carlos Amarilla. Según informe de Contraloría remitido a Fiscalía, la proveedora de la legisladora cobró por 4.520.530 raciones de galletitas dulces no distribuidas, las que representan un total de G. 2.350.675.600.
El ex gobernador interino Magno Duarte favoreció a la proveedora con dos adendas, en las que se autorizaba a guardar en depósito de la gobernación las 4,5 millones de galletitas.
Duarte firmó acuse de recibido de las galletitas; sin embargo, el pliego de bases y condiciones señala que el producto debía ser entregado en las escuelas y el cobro era en base a notas de remisión y disponibilidad presupuestaria. El jefe departamental interino también está imputado por este caso.