El Poder Ejecutivo emitió ayer su veto total al proyecto de ley que regula la realización y la divulgación de las encuestas electorales para los cargos de elección popular, internas, generales municipales y referéndum.
La propuesta fue impulsada por los senadores del Frente Guasu (FG) en el 2017 y obtuvo sanción a mediados del presente año. En la Cámara Alta su tratamiento no obtuvo objeciones, mientras que en la Cámara de Diputados obtuvo sanción ficta debido a que su análisis fue dilatado.
El proyecto prohíbe a los medios de comunicación difundir bocas de urna hasta las 13:00 el día de las votaciones, ya sea explícitamente, con nombres en código o insinuaciones. También establece una multa de G. 390.000.000 a G. 680.000.000 a cualquier encuestadora que no esté registrada o no remita a la Justicia Electoral todos los datos técnicos del sondeo cinco días antes de la publicación en un medio.
La iniciativa no aclara si las multas se aplicarán al medio que difunde las encuestas o a las sondeadoras. Otro punto del documento se centra en la exigencia de que las consultas de opinión en programas de televisión o de sitios web usen la frase “los resultados de esta encuesta son referenciales y no tienen sustento científico”.
Teniendo en cuenta estos puntos el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su argumentación mencionó que “el proyecto vulnera derechos y principios constitucionales como ya evidenció el análisis que del citado proyecto hizo la Justicia Electoral, institución que además destaca que su aplicación sería improcedente e inviable”.
Otra objeción se centra en que “las encuestas y sondeos electorales son parte fundamental de las actividades de los medios de comunicación de una sociedad contemporánea y, por tanto, su realización y su publicación están amparadas por la libertad de prensa”.
Señala también que “por esta razón, el proyecto de ley en su espíritu y los artículos 8º, 14º y 16º, en particular, violan las libertades de expresión y de prensa consagradas en el artículo 26º de la Constitución, que expresamente establece que no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja, entre otros cuestionamientos”.
“No nos oponemos”
“El Tribunal Superior de Justicia Electoral no se opone al decreto presidencial 769 que objeta totalmente el proyecto de ley 6.219/2018 que regula la realización y divulgación de encuestas electorales. No fue un pedido nuestro, es un estudio que hemos acompañado.
La verdad es que nosotros no nos oponemos ni aprobamos. Reitero, fue un proyecto de ley que se estaba estudiando en el Congreso y nosotros como órgano responsable de las elecciones generales hemos acompañado porque estamos a favor de la transparencia en cada comicio”, explicó Luis Salas, director de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Añadió que “siempre es importante reglamentar algunas situaciones que se dan, todo sea para que cada vez tengamos unas elecciones serias y transparente”.