Miembros de la Comi­sión Fomento y Desarrollo María Auxiliadora, de la localidad de Arroyos y Esteros, denuncia­ron que el concejal municipal y dirigente añetetista Juan Carlos Ruiz Bóveda estaría negociando con un total de 521 hectáreas de tierra, pro­piedad del Instituto Nacio­nal de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), así como con programas sociales, con la intención de captar adhe­rentes y votos para las próxi­mas elecciones municipales.

También estaría involucrado uno de sus secretarios, identi­ficado como Albino Bogarín, quien es el que, según ellos, pone la cara ante los posi­bles compradores, hacién­dose pasar como administra­dor del Indert. Esta práctica ya lo estaría haciendo desde años. Inclusive, mencionan que habría trabajadores socia­les del Programa Tekoporã, quienes a la hora de otorgar los beneficios dan prioridad a la “gente” de Ruiz, dejando de lado a los demás pobladores.

Las hectáreas en cuestión se encuentran situadas en la compañía Cañada Domín­guez de la mencionada loca­lidad. Al perecer, la verda­dera intención detrás de esto es sumar adherentes para el partido, ya que en las próxi­mas elecciones municipales del 2020 uno de los posibles candidatos a la intendencia por el movimiento Colorado Añetete sería el suegro de Ruiz Bóveda, según comentan.

De acuerdo al relato de una de las denunciantes, iden­tificada como Natalia Maíz, tanto Ruiz como Bogarín utilizan sus influencias políticas para ser ellos los administradores de estas tierras, a la medida de sus conveniencias. Argumenta la mujer que al tratarse de terrenos prácticamente situados en un esteral, fue­ron destinados para vivien­das sociales; sin embargo, eso es utilizado por el con­cejal para sus propios bene­ficios.

“Hay un señor que se llama Albino Bogarín, quien desde 1980 vende las tierras del Indert. Se hace pasar por administrador y ellos deci­den quién se queda, quién se va, quién amplía su alam­brado y quién no. Carlos Ruiz es el que generalmente toma estas decisiones y el que se va a negociar es Bogarín, quien es su caudillo”, mencionó Maíz.

Al consultarle acerca del pre­cio por el que negocian los terrenos estatales, dijo que la última información a la que pudieron acceder es que el año pasado (2017) se realizó una transacción por valor de G. 7.000.000.

Agregó que hace aproximada­mente un año los miembros de la comisión hicieron la denun­cia correspondiente ante las autoridades del Indert bajo la administración anterior. Esta se había comprometido a tomar cartas en el asunto, pero con los cambios de auto­ridades no se tomaron medi­das al respecto hasta la fecha. Además, también fueron hasta la comisaría y el Ministerio Público, pero nunca abrieron una investigación.

Al parecer, y en vista a que la denuncia ya fue formulada en contra del concejal Juan Car­los Ruiz y su supuesto caudi­llo, Albino Bogarín, las ven­tas de las tierras ya no eran lo suficientemente seguras para seguir utilizándolas como para sumar adherentes al partido, así que decidieron utilizar los programas sociales como una especie de gancho para ganar electores.

La Nación accedió a un audio de una emisora radial de la zona en el que el concejal, luego de identificarse, pidió a los conductores del programa poder salir al aire. Una vez cumplida su petición, “avisa” a los pobladores de Cañada Domínguez que la trabajadora social de nombre Pablina Bri­zuela sería la que anotaría a las personas que quieran acceder al beneficio de Tekoporã. Eso se estaría haciendo a menudo en la iglesia María Auxilia­dora, según se puede escuchar en la grabación.