En cien días de gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuestiones clave como la seguridad, educación y salud están aplazadas, según la percepción ciudadana. En materia de seguridad, resalta­ron los desaciertos, asaltos y crímenes callejeros; saltaron nombres de políticos añetetis­tas salpicados con el narcotrá­fico y hechos de corrupción; en educación se produjeron gra­ves diferencias entre las máxi­mas autoridades y en el área de la salud solo se supo de impro­visaciones e incompetencia.

A poco tiempo de asumir este gobierno, sus representantes comenzaron a tomar decisio­nes equivocadas. El Ministe­rio del Interior, a cargo de Juan Ernesto Villamayor, clave en lo que respecta a la política de seguridad, arrancó mal cuando cortó drásticamente el presupuesto y las alas al buen trabajo que venía realizando el grupo Lince, lo que derivó en un incremento superlativo de los ataques a transeúntes por parte de los “motochorros”, muchos de ellos con saldo fatal.

La Unidad de Operaciones Tác­ticas Motorizadas de la Policía Nacional, más conocida como Lince, fue creada durante el gobierno de Horacio Cartes. Apenas empezaron a operar, se redujo notablemente la can­tidad de motoasaltantes, uno de los principales problemas de la gente. Para sorpresa, en lugar de buscar el mejoramiento de la seguridad del país y refor­zar las medidas adoptadas por la administración anterior, el nuevo ministro prácticamente decidió sacar de las calles a los agentes. Los asaltos, los críme­nes y los motoasaltantes volvie­ron a estar en el orden del día.

Sin embargo, la inseguridad no está en las calles solamente, el reciente crimen de la joven Lidia Meza Burgos dentro de la Agrupación Especializada, perpetrado por el narcotrafi­cante brasileño Marcelo Pin­heiro, conocido con apodo de Piloto, hoy ya expulsado, deja entrever el nulo sistema de seguridad adoptado por las nuevas autoridades a nivel nacional. Si bien el proceso de extradición estaba en marcha, y la justicia lo retrasó, lo que se cuestiona es que se haya espe­rado que una joven sea asesi­nada para tomar la decisión de la expulsión.

Otro de los temas sensibles instalados en este gobierno es la narcopolítica. Un claro ejemplo es el que se dio tras el operativo “Austral”, impul­sado por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad), en el que fue­ron decomisados 448 kilos de cocaína. En la oportunidad fueron halladas siete avione­tas presuntamente utiliza­das para transportar la droga, en un hangar perteneciente a Carolina Vera (ya recluida), cuñada del diputado colorado oficialista, Freddy D’Ecclesiis. Poco antes, había caído tam­bién en el este del país Reinaldo “Cucho” Cabaña, traficante de drogas al igual que toda su familia, quien como “perlita” había dicho que colaboró con recursos diversos para finan­ciar la campaña de Colorado Añetete en Alto Paraná. Fue salpicado el diputado Ulises Quintana, quien hoy está preso por este vínculo.

La última crisis registrada en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) deja en evi­dencia el deficiente sistema con el que sus autoridades preten­den dirigir la cartera educativa del país. En apenas cien días, Marito decidió destituir a una técnica de vasta trayectoria, la viceministra de Escolar Básica, Nancy Ovelar, por una fuerte diferencia con el “flamante” ministro, Eduardo Petta.

La actitud asumida por las máximas autoridades del MEC fue blanco de críticas por parte de las distintas federaciones estudiantiles, quienes desa­probaron la actitud de Petta y exigieron su inmediata desti­tución. Entre los tantos cues­tionamientos, mencionaron que el ministro antepone inte­reses personales y políticos en el ministerio antes que priori­zar las necesidades del sector educativo.

Otros, como los miembros de la Federación Nacional de Estu­diantes Secundarios (Fenaes), señalaron que él no tiene la capacidad ni la experiencia necesaria para dirigir la car­tera estatal. Pero hasta este momento continúa en su cargo.

La propia Presidencia de la República, desde su área de Comuni­cación, se encargó de transmitir esta imagen en el arranque de la semana. Muestra al presidente Mario Abdo con cara poco amigable en una reunión con representantes del Banco Mundial y miembros de su gabinete. Como si su actitud de “pirevai” no fuera suficiente­mente retratada en su rostro, los encargados de comunicación esco­gieron “la foto prohibida” a la hora de transmitir la imagen de un Pre­sidente entusiasta y proactivo, atendiendo que escogieron publicar una imagen del mandatario con sus brazos cruzados, lo que según todos los estudios gestuales supone el reflejo de una persona –que a consecuencia del peso de sus funciones– se retrae y se encierra. Una imagen refleja la historia del inicio de semana de malhumor con la colaboración estelar del CM de la propia Presidencia.

La cartera de salud es otro de los ministerios en donde se notaron de entrada la incompetencia y la improvisación. El doctor Julio Daniel Mazzoleni, apenas fue nombrado en el cargo, lo primero que hizo fue destituir a Aníbal Filártiga del Hospital de Trauma y a Sonia Arza, del programa de inmunizaciones, sin ninguna justificación. Fundamentó diciendo que tiene prerrogativas para designar a personas de su con­fianza. Tres semanas más adelante (el 11 de setiembre) anunciaba con bombos y platillos la supuesta existencia de 10 toneladas de medi­camentos vencidos en el sistema de salud.

“Tenemos 10.600 kg de medicamentos e insumos vencidos en nuestro sistema de salud, correspondientes a 1.000.009 ítems. Como por ejemplo Anastrazol, con 2.744 unidades vencidas”, afirmaba. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta ahora no demostró la existen­cia del hecho, lo cual habla de por sí de una gran irresponsabilidad. Acciones como esas continuaron y el 27 de octubre, el ministro Maz­zoleni desvinculó vía Whatsapp al superintendente de Salud, Jorge Rodas, por clausurar los pasillos de Urgencias del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), lugar que era utilizado como sitio de atención de los pacientes.