El próximo 23 de noviembre se cum­plen cien días de gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez. Lejos de cumplir con la promesa de trabajar para la gente, con la que convenció a la mayor parte de los elec­tores el 22 de abril pasado, su gestión se ha caracterizado por la adopción de medidas impopulares como el incre­mento de los precios más sensibles para la economía de la ciudadanía en gene­ral. No le tembló el pulso y ordenó alzar los precios de combustibles, pasajes, agua potable y gas.

La principal suba, que generó un efecto cascada en todos los sectores de la economía, se registró en el costo del combustible, que derivó en el aumento del precio del pasaje del transporte público y de varios produc­tos de la canasta familiar, uno de ellos el panificado. Asimismo, existen riesgos de que estas medidas ten­gan efecto en la inflación a futuro.

Estos acontecimientos son blanco de fuertes críticas a través de las redes sociales y otros medios, ya que los afectados consideran que en lugar de ocuparse de los ver­daderos problemas que afectan al país, el Presidente más bien se dedicó a velar por los intereses de “los suyos”, a viajar y a nombrar a sus amigos políticos en car­gos de confianza, dejando de lado a las personas que lo lle­varon al poder.

Como ya lo mencionábamos, el detonante de la ola de incrementos fue el com­bustible, cuyo nuevo precio empezó a regir el pasado 1 de octubre. El aumento fue de G. 300 por litro en el gasoil y G. 250 por litro en la nafta. El argumento de siempre: uno de los principales moti­vos que derivó a tomar esta determinación fue la suba del dólar. Al menos esto es lo que había mencionado la titular de Petropar, Patricia Samudio, al tratar de justifi­car el nuevo golpe al bolsillo de los paraguayos. De esta manera, el diésel común, que es uno de los más utilizados a nivel país, de G. 4.930 pasó a costar G. 5.230.

El precio del gas de uso doméstico también sufrió una drástica modificación, que subió G. 900 por litro. Como ejemplo menciona­mos una garrafa de 10 kilos, que de G. 55.000 pasó a cos­tar G. 64.000.

Luego de confirmarse los nuevos precios de com­bustibles, como ya era de esperarse, los demás sec­tores, como el del trans­porte público, comenzaron a manifestarse al respecto y a exigir al nuevo gobierno el reajuste del precio del pasaje. Como medida de fuerza empezaron con las famosas reguladas.

Lejos de buscar una solución favorable para todos, Marito prefirió quedar bien con los empresarios, dando un nuevo golpe con otra suba de precios, esta vez del pasaje de transporte público y una vez más el afectado directo fue el pueblo. Como si fuera poco, para evitar que el costo sea aún mayor, Abdo Benítez se comprometió a aumentar el subsidio para los propieta­rios de las unidades.

Los nuevos precios de pasaje empezaron a cobrarse desde la medianoche del 18 de octubre. Los mismos queda­ron de la siguiente manera: el servicio convencional, que anteriormente costaba G. 2.200, subió a G. 2.500, pero quedó en G. 2.400, ya que el Estado se hace cargo de los G. 100 en concepto de subsidio. En tanto, el servi­cio diferencial de G. 3.600 pasó a costar G. 4.100, pero al usuario le cuesta G. 3.700, ya que el resto una vez más lo cubre el Gobierno (con los impuestos de la gente).

El incremento total del sub­sidio de forma anual fue de US$ 6,3 millones, ya que de US$ 6,5 millones pasó a ser US$ 9,5 millones. Un dato no menos importante es que el presupuesto anual para pago de subsidio del Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) es de G. 37.357 millones. Por lo tanto, con esta nueva modificación deberá ser reprogramado.

Una de las principales prota­gonistas de los fuertes incre­mentos registrados en los últimos meses es la titular de Petropar, Patricia Samudio. La misma, a pesar de haber sido denunciada meses pasa­dos por una transferencia ilegal, sigue al frente de la petrolera estatal maneján­dola a su antojo.

Según una investigación perio­dística del diario La Nación, Samudio pasó por encima de lo que establece un decreto pre­sidencial que obliga a las ins­tituciones del Estado a depo­sitar sus recursos en el Banco Nacional de Fomento (BNF). A pesar de ello, la presidenta tomó la decisión de transferir millonarios recursos en dóla­res a bancos privados, uno de los cuales es GNB PGY, que fue beneficiado con alrededor de US$ 20 millones en trans­ferencias.

Llamativamente, el banco también opera con la empresa Triqueta SA, pro­piedad de José Costa Per­domo, esposo de Patricia Samudio.

A consecuencia de la denun­cia, miembros de la Aso­ciación de Camioneros del Paraguay se movilizaron en protesta contra la gestión de Samudio en Petropar, exi­giendo la intervención del Poder Ejecutivo.