Cerca de G. 16.000 millones es el monto que la Municipali­dad de Asunción, a cargo del intendente Mario Ferreiro, no transfiere al Ministerio de Hacienda. La suma corres­ponde al 75% de la recau­dación del canon impuestopor la explotación de juegos de azar, recursos que están obligadosa distribuirlos entre otras instituciones con menores recursoseconómi­cos, según lo establecido en Ley 1.016/97.

Hasta la fecha, la deuda total ascendería a G. 15.980.188.200, lo que corres­ponde a las recaudaciones no transferidas entre los meses de enero y diciembre de los periodos 2016 y 2017. Las autoridades comunales dicen que la práctica de no deposi­tar el monto establecido ya data desde el año 1998 y se respaldan con una acción de inconstitucionalidadpresen­tada cada año ante la Corte Suprema de Justicia, con lacual acceden a una medida cautelar para seguir violando la ley. Sin embargo, hasta hoy día no hay autointerlocutorio alguno queresuelva el fondo de la situación.

Avalados por una medida provisoria, la Municipalidad de Asunción viola abiertamente la ley.foto: archivo

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El total recaudado entre enero y diciembre del 2016, sería de G. 9.518.771.600, de los cuales solo el 25% (2.379.692.900) corres­ponde a la comuna capitalina; la diferencia equivalente al 75%, G. 7.139.078.700, debió ser distribuida de la siguiente manera: el 20% a las distintas gobernaciones, 20% entre las municipalidades con meno­res recursos, el 25% debe­ría ser destinada a la Diben; mientras el 10% corresponde a rentas generales. El munici­pio no cumplió con lo estipu­lado en el Artículo 30 inciso C y se quedó con la totalidad de la recaudación.

De la misma manera proce­dieron alaño siguiente, 2017, ocasión en la que se recauda­ron en totalG. 11.788.146.000, cuando lo que legalmente le correspondían a la institu­ción eran G. 2.947.036.500; al igual que en el 2016, lo res­tante (G. 8.841.109.500) debió ser distribuido entre las insti­tuciones anteriormente mencionadas, pero una vez más no lo hicieron.

DENUNCIA POR MALVERSACIÓN

No es el único caso en que el municipio capitalino se apo­dera del porcentaje de recau­daciones que no le corres­ponden. Días pasados, La Nación se hacía eco de una denuncia penal presentada por los miembros del Sindi­cato Municipal de Trabajado­res de la Ciudad de Asunción (Simuca), por una supuesta lesión de confianza.

Según ellos, se habrían mal­versadolos recursos de la comuna. Uno de los ítems es precisamente elcorrespon­diente a la recaudación de impuesto inmobiliario, equi­valente a G. 76.726.278.647, es decir 15% del total que debía ser distribuido entre municipalidades con meno­res recursos.

Los denunciantes solici­taron la apertura de una investigación al Ministerio Público. La Fiscalía remi­tió una nota de pedido de intervención a la Contra­loría General de la Repú­blica para iniciar el pro­ceso correspondiente, pero según ellos no tuvieron la respuesta esperada.

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