Cerca de G. 16.000 millones es el monto que la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Mario Ferreiro, no transfiere al Ministerio de Hacienda. La suma corresponde al 75% de la recaudación del canon impuestopor la explotación de juegos de azar, recursos que están obligadosa distribuirlos entre otras instituciones con menores recursoseconómicos, según lo establecido en Ley 1.016/97.
Hasta la fecha, la deuda total ascendería a G. 15.980.188.200, lo que corresponde a las recaudaciones no transferidas entre los meses de enero y diciembre de los periodos 2016 y 2017. Las autoridades comunales dicen que la práctica de no depositar el monto establecido ya data desde el año 1998 y se respaldan con una acción de inconstitucionalidadpresentada cada año ante la Corte Suprema de Justicia, con lacual acceden a una medida cautelar para seguir violando la ley. Sin embargo, hasta hoy día no hay autointerlocutorio alguno queresuelva el fondo de la situación.
El total recaudado entre enero y diciembre del 2016, sería de G. 9.518.771.600, de los cuales solo el 25% (2.379.692.900) corresponde a la comuna capitalina; la diferencia equivalente al 75%, G. 7.139.078.700, debió ser distribuida de la siguiente manera: el 20% a las distintas gobernaciones, 20% entre las municipalidades con menores recursos, el 25% debería ser destinada a la Diben; mientras el 10% corresponde a rentas generales. El municipio no cumplió con lo estipulado en el Artículo 30 inciso C y se quedó con la totalidad de la recaudación.
De la misma manera procedieron alaño siguiente, 2017, ocasión en la que se recaudaron en totalG. 11.788.146.000, cuando lo que legalmente le correspondían a la institución eran G. 2.947.036.500; al igual que en el 2016, lo restante (G. 8.841.109.500) debió ser distribuido entre las instituciones anteriormente mencionadas, pero una vez más no lo hicieron.
DENUNCIA POR MALVERSACIÓN
No es el único caso en que el municipio capitalino se apodera del porcentaje de recaudaciones que no le corresponden. Días pasados, La Nación se hacía eco de una denuncia penal presentada por los miembros del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), por una supuesta lesión de confianza.
Según ellos, se habrían malversadolos recursos de la comuna. Uno de los ítems es precisamente elcorrespondiente a la recaudación de impuesto inmobiliario, equivalente a G. 76.726.278.647, es decir 15% del total que debía ser distribuido entre municipalidades con menores recursos.
Los denunciantes solicitaron la apertura de una investigación al Ministerio Público. La Fiscalía remitió una nota de pedido de intervención a la Contraloría General de la República para iniciar el proceso correspondiente, pero según ellos no tuvieron la respuesta esperada.