El concejal munici­pal Orlando Fiorotto confirmó que efecti­vamente el Sindicato Muni­cipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por un supuesto desfalco de más de G. 75.000 millones, ocu­rrido en el municipio capita­lino. Dijo que los cuestiona­mientos están sustentados en documentaciones de la propia institución que fue­ron remitidas al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, por cuestiones desconoci­das la denuncia presentada en la Fiscalía y reenviada por esta a la Contraloría General de la República no prosperó.

“El sindicato había presen­tado una denuncia formal ante delitos económicos del Ministerio Público, acer­cando documentaciones exclusivas presentadas por la propia intendencia muni­cipal, en este caso a la Direc­ción de Contaduría Pública del Ministerio de Hacienda. Ellos tienen sus técnicos especialistas en temas finan­cieros presupuestarios, me refiero a Simuca, y han encon­trado que no hay conciliación entre ingreso y egreso. Ahí determinaron que el ingreso que tuvo en concepto de pago de impuestos inmobiliarios que hicieron los contribuyen­tes no se dio cumplimiento a lo que establece la Constitu­ción y la ley, de transferir el 15% de las recaudaciones para los municipios muy limitados en materia presupuestaria”, señaló Fiorotto durante una entrevista con la 970 AM.

Agregó que pareciera ser que la denuncia no tuvo el eco favorable por razones desco­nocidas, pero que todos los antecedentes del caso fue­ron remitidos a la Contralo­ría General de la República y hasta el momento está “dur­miendo el sueño de los justos”.

“Hasta donde pude infor­marme no hubo una inves­tigación ni un pedido de informe al municipio para cotejar la denuncia remitida por el Ministerio Público a la Contraloría, o sea prác­ticamente durmió el sueño de los justos en la denuncia ahí. Salvo que la propia Con­traloría hoy saque un comu­nicado y diga que la institu­ción ha procedido a realizar los trámites. Salvo que no hagan eso, quiere decir que ahí estuvo durmiendo y sigue durmiendo”, dijo.

Afirmó además que no se trata de una información desprovista de formalidad y seriedad, ya que está avalada con documentaciones feha­cientes. Agregó que hasta el momento las autorida­des municipales no se han pronunciado al respecto de manera institucional.

El licenciado Braulio Ferreira, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, confirmó que efectivamente no están depositando al Ministerio de Hacienda el 15% corres­pondiente a la recaudación de impuesto inmobiliario. Dijo que esta práctica data de 1998 y que están ampara­dos en una medida cautelar otorgada anualmente como respuesta a una acción de inconstitucionalidad pre­sentada año tras año por el municipio.

Señaló que el dinero es utili­zado para financiar todas las necesidades de la institución.

“La municipalidad históri­camente desde 1998 no viene transfiriendo esos recursos al Ministerio de Hacienda con base en acciones de inconstitucionalidad que se van presentando cada año. Si bien esa deuda está expuesta y demostrada en los estados financieros de la municipa­lidad, por esa razón no se hace esa transferencia. Son recursos genuinos munici­pales y lo que nosotros accio­namos es contra la obligato­riedad de la transferencia de esos fondos para poder reci­bir los recursos de royalties y Fonacide, atendiendo la tre­menda escasez de recursos con que cuenta el municipio”, asegura.

Por su parte, el intendente Mario Ferreiro manifestó ayer en entrevista con la 780 AM que la municipalidad, al ser sede de los tres poderes del Estado, debe contar con mayores recursos y no ceder los suyos, ya que la comuna no puede otorgar fondos que no le sobran.

Intentamos obtener la versión del contralor general, Enrique García, quien supuestamente hizo caso omiso a la denuncia, pero no atendió nuestras lla­madas ni responde los men­sajes a pesar de la insistencia. Su silencio llama la atención considerando que no es poco el monto que la comuna asun­cena no transfiere a Hacienda cada año.

Nuestro diario publicó ayer que la Municipalidad de Asunción no transfirió entre el 2015 y el 2017 más de G. 75.000 millones a Hacienda, que corresponderían al 15% de la recaudación de impues­tos inmobiliarios que debía ser distribuida entre los municipios con menos recursos, tal como lo esta­blece la Ley Orgánica Muni­cipal (LOM) 3.966 en su artículo 153. Esta denuncia ante la Fiscalía fue hecha por los miembros del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca).

La Fiscalía derivó la denuncia a Enrique García para que audite Asunción, pero ahora se confirma que fue cajoneada. García, como ex director de Asuntos Jurí­dicos del municipio, debió estar al tanto de la situación, pero aun así no hizo ni hace nada. De hecho, este había sido imputado en su época de director de Asesoría Jurí­dica por no haber apelado un fallo contra la comuna, que pudo haberle causado un daño patrimonial de 3,5 millones de dólares.

García no es el único en esta situación, ya que el ex concejal y ahora diputado del Partido Patria Querida, Sebastián Villarejo, quien actualmente integra la comisión especial que ana­liza el pedido de interven­ción a la Municipalidad de Ciudad del Este, como con­cejal municipal de Asun­ción tampoco advirtió lo que estaba sucediendo en la comuna.