La Municipalidad de Asunción, bajo la administración del actual intendente Mario Ferreiro, no habría transfe­rido entre el 2015 y el 2017 más de G. 70.000 millones al Ministerio de Hacienda que corresponderían al 15% de la recaudación de impuestos inmobiliarios que debían ser distribuidos entre los muni­cipios con menores recursos, tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal (LOM) 3966 en su artículo 153.

Hasta la fecha, la deuda total ascendería a G. 76.726.278.647, que corres­ponde a las recaudaciones no transferidas de los años 2015, 2016 y 2017. El hecho, entre otras irregularidades, ya fue denunciado el año pasado (2017) ante el Minis­terio Público. Los que enca­bezaron la denuncia fueron los miembros del Sindicato Municipal de Trabajado­res de la Ciudad de Asun­ción (Simuca), pero no tuvo mayor repercusión.

Fuentes confidenciales manifestaron a La Nación que desde la Fiscalía envia­ron en su momento una nota al contralor general de la República, Enrique García, para que fuera la Contraloría la encargada de intervenir la comuna capitalina y así constatar si efectivamente existieron o no esas irregu­laridades, pero el pedido al parecer fue cajoneado.

García fue director de asun­tos jurídicos del munici­pio, por ende, debió estar al tanto de la situación, y si en su momento no tomó las acciones correspondientes, en su carácter de contralor debía hacerlo, pero aparen­temente prefiere pasar por alto esta gravísima falta.

Con la renuncia de Ivesur a cobrar a la comuna asun­cena la deuda de US$ 3,5 millones, automáticamente queda sin efecto un even­tual juzgamiento al contra­lor general Enrique Gar­cía por daño patrimonial, señaló el director de Asun­tos Políticos del municipio.

García había sido imputado cuando era director muni­cipal de Asesoría Jurídica de la comuna capitalina por no haber apelado un fallo en contra de la municipalidad que pudo haber producido un daño patrimonial de US$ 3,5 millones. García final­mente fue excluido del pro­ceso debido a que Ivesur renunció al cobro. El daño desapareció, pero no el hecho, por lo que el proceso conti­núa.

García no es el único que está en esta situación, ya que el ex concejal y ahora diputado del Partido Patria Querida, Sebastián Villa­rejo, quien actualmente integra la comisión espe­cial que analizará el pedido de intervención de la Muni­cipalidad de Ciudad del Este y quien abiertamente se muestra a favor del proce­dimiento, durante su ges­tión como concejal munici­pal de Asunción tampoco advirtió lo que estaba sucediendo en la comuna. Llamativa­mente, ambas auto­ridades prefieren ver las irregularidades de afuera que las que tienen, más graves, o tuvieron, ante sus ojos.

Los denuncian­tes hablan de malver­sación de recursos y lesión de confianza, motivo por el cual solicitaron la apertura de una investigación. Según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 1535/99, de admi­nistración financiera del Estado, las autoridades y funcionarios responsables que ocasionen menoscabo a los fondos públicos, respon­derán con su patrimonio por la indemnización de daños y perjuicios ocasionados.

La millonaria suma que la Municipalidad de Asunción no depositó al Ministerio de Hacienda debía ser desti­nada a las municipalidades que cuenten con recursos limitados, tal como lo men­cionamos anteriormente, ya que la LOM establece que solo el 85% corresponde al municipio y los 15% restan­tes deben ser distribuidos.

De esta manera, según los balances que habrían pre­sentado las autoridades capitalinas a Hacienda, entre los meses de enero a diciembre del año 2016, se recaudaron en total G. 170.254.565.740 en concepto de impuesto inmobiliario. De este total, el 15% equi­valente a G. 25.538.184.861 debían ser transferi­dos y la municipalidad se quedaba con lo restante, G. 144.716.380.879. Sin embargo, esto se habría pasado por alto y el ente se quedó con la totalidad de la recaudación, violando abier­tamente la ley hecha de con­formidad al artículo 169 de la Constitución Nacional.

Lo mismo que sucedió en el 2016 aparentemente se habría vuelto a repetir al año siguiente (2017). Según nuestra fuente, la totali­dad de impuestos recau­dado entre enero a diciem­bre de ese año ascendió a G.172.493.958.570. El monto a transferir era de G. 25.874.093.786,correspon­diente al 15% y el saldo res­tante era de lo que debía dis­poner la institución, en total G. 146.619.864.784, pero una vez más esta disposición habría sido pasada por alto.

De constatarse que efectiva­mente durante la adminis­tración de Mario Ferreiro hubo malversación de fon­dos, estaríamos al frente de un gran escándalo, ya que en comparación con el reclamo que actualmente realizan los pobladores de Ciudad del Este, el dinero mal utilizado en Asunción duplica la canti­dad reclamada por los esteños.

La solicitud de interven­ción presentada por miem­bros de la Junta Municipal de Ciudad del Este men­ciona que durante la admi­nistración de la intendenta Sandra McLeod de Zaca­rías, se registró una mal­versación por valor de G. 36.507.512.456. Esta cifra también proviene de la recaudación de impues­tos inmobiliarios. En tanto que en Asunción el dinero malversado asciende a G. 76.726.278.647.

Sin embargo, hay fuertes versiones de que este no es el único caso que estaría ocu­rriendo en el municipio capi­talino, sino más bien es solo una arista de un millonario desfalco que hasta hoy día las autoridades de turno tra­tan de ocultar. Se espera que tanto el Ministerio Público como la Contraloría Gene­ral de la República tomen las medidas necesarias para verificar estas denuncias y que no queden cajoneadas como ocurrieron con otros graves casos de corrupción.