La Cámara de Dipu­tados finalmente resolvió tratar el pro­yecto de reglamentación del artículo 201 de la Constitu­ción Nacional “Sobre la pér­dida de investidura”. Sin embargo, en un claro actuar corporativista resolvieron pasar la responsabilidad de resolver la destitución de un legislador al Tribunal Superior de Justicia Elec­toral. La pérdida de inves­tidura se dará en los casos fehacientemente compro­bados de tráfico de influen­cias y en este caso hay varios pedidos de este carácter en la Cámara Baja.

Primeramente, los diputa­dos analizaron si la regla­mentación de este procedi­miento se dará a través de una ley o de una reglamenta­ción resolutiva. Con 53 votos se resolvió que sería a través de una ley. El debate fue bas­tante amplio y los diputados trataron con mucho cuidado de blindarse lo máximo posi­ble. Incluso se puso en duda cómo comprobar cuando el parlamentario recurre al tráfico de influencias.

Una vez determinada la vía para la reglamentación de este proceso, se pusieron a consideración del pleno los dos proyectos dictaminados por la comisión especial que analizó el procedimiento de la pérdida de investidura. En la primera propuesta se establecía que el pleno de la cámara en cuestión será la responsable de analizar, aceptar o rechazar el pedido de que un colega pierda la investidura, mientras que en la segunda propuesta se establecía que el TSJE trate el tema.

El pleno optó por la segunda opción con 43 votos, mien­tras que la primera obtuvo 30 votos. En este caso, el artículo 5 del proyecto esta­blece que el pleno debe deci­dir con mayoría absoluta (41 votos en Diputados y 23 votos en el Senado) para remitir el pedido de pérdida de inves­tidura al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Con este proyecto, los par­lamentarios también ten­drán la posibilidad de recurrir la sentencia del TSJE, pudiendo llegar el caso a la Corte Suprema de Justicia (CJS) y pro­longar el proceso, incluso hasta llegar al término del mandato legislativo.

La iniciativa cuenta con 25 artículos. Sin embargo, solo fue tratada hasta el artículo 6. El resto será tratado en otra sesión que debe ser convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.

La abogada Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados, indicó que por cuarta vez presentaron en la Cámara de Diputados un urgimiento para aplicar de forma directa el Art. 201 de la Consti­tución Nacional sobre pérdida de investidura. En este caso, para tratar el proceso contra el diputado Carlos Portillo acusado de traficar influencias en la Justicia. “Entendemos que se da el caso para aplicar el artículo 201 de la Constitución Nacional en forma directa”, indicó.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados se dio una acción vio­lenta para tratar de proteger a Portillo de los medios de comunica­ción que se encontraban cubriendo la sesión de ayer. Agentes de la Policía Nacional impidieron que los periodistas ingresen al pasillo que queda en frente a la sala de sesiones para evitar el contacto con el parlamentario que salió de la sala corriendo. En la ocasión algu­nos comunicadores fueron agredidos por los agentes policiales.