El abogado Ricardo Preda, defensor del senador Javier Zaca­rías Irún, manifestó su preo­cupación ante las peligrosas declaraciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien a su retorno al país instó a la ciudadanía a manifestarse durante el tra­tamiento de la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, violando el Estado de derecho.

Preda manifestó que el jefe de Estado, desde su cargo, no puede dar este tipo de aliento que influye en las decisio­nes y rompen el orden de un Gobierno. “Esa no es su fun­ción, es simplemente respe­tar el Estado de derecho (…). Esta es una cuestión suma­mente preocupante y si yo veo que se toman decisiones en el ámbito judicial, debemos definitivamente decir hasta luego al Estado de derecho”, expresó.

El letrado refirió que de esta manera las decisiones de los que deben analizar la inter­vención de la comuna, cuya intendenta actual es Sandra McLeod, esposa del senador Zacarías Irún, estarían inti­midados. Asimismo, aseguró que muchos de ellos depen­den netamente del presi­dente de la República, por lo que no podrán tomar deci­siones que no correspondan a las afirmadas por el manda­tario. “Se sentirían un tanto intimidados en emitir infor­mes incriminatorios, ya que verían como una contradic­ción a lo que dice su superior”, afirmó Preda.

Añadió que “la persecución penal no puede depender de ningún grupo de personas, ni de grupo de medios de prensa, ni del presidente de la República ni de los legis­ladores”.

Las declaraciones de Abdo Benítez se dieron tras su retorno al país de su viaje a Roma, donde se reunió con el papa Francisco.

El senador Javier Zacarías Irún dijo que los concejales quienes denun­cian supuesto fraude en la Municipalidad de Ciudad del Este, no tie­nen argumentaciones serias ni documentos que avalen los supues­tos hechos ilícitos cometidos por la administración encabezada por su esposa Sandra McLeod.

Sostuvo que no existen documentos que puedan probar los concejales las denuncias de irregularidades den­tro del municipio. “Si bien los concejales no tienen motivos muy cla­ros; es más, tenemos todas las declaraciones de la sesión, cuando los concejales ni sabían lo que estaba pidiendo cuando se aprobó la intervención de la municipalidad. No hay ninguna verdad, no hay nada que se pueda probar con documentaciones serias, o que se pueda decir que se haya cometido algún ilícito”, expresó.