Ayer se inició la huelga general de funcio­narios del Ministe­rio Público como medida de protesta al rechazo del veto presidencial sobre el pedido realizado por la entidad de una ampliación presupues­taria de más de G. 18.000 millones, que correspon­dería a sueldos y bonifica­ciones. La huelga se exten­derá hasta el 7 de diciembre. El tratamiento del rechazo fue incluido para la sesión de Diputados la próxima semana.

El secretario general del sindicato de funcionarios de la Fiscalía, Odilón Turo, en contacto con la radio 780 AM lamentó la decisión del presidente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez, de rechazar la solicitud de ampliación. Manifestó que la situación perjudica de alguna forma al funciona­miento de la institución. De esta manera tomaron la deci­sión de extender a un mes.

Comentó que del monto soli­citado un 3% del total será destinado a salarios, mien­tras que el resto deberá cubrir insumos y otras nece­sidades urgentes del plantel. Sin embargo, Hacienda en un comunicado expresó que el rechazo se daba porque el total de lo solicitado por la institución correspondería a salarios para los funciona­rios y la recategorización de los mismos no así para otras necesidades. “No se incluyen aumentos de rubros relacio­nados a la compra de insu­mos o alquileres, ni de otro tipo de gastos relacionados al funcionamiento de la Fis­calía”, expresa la nota.

Además la cartera econó­mica argumentó la violación de la Ley Nº 5098 de Respon­sabilidad Fiscal, que expresa que no se podrán incorpo­rar incrementos salaria­les, excepto cuando se pro­duzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente. El último aumento del salario mínimo fue del 3,5%. Sin embargo, los incre­mentos que se otorgaban en el pedido eran del 10 y 18 %.