Jueces instructores del Ministerio de Educa­ción y Ciencias (MEC) desmienten acusaciones reali­zadas ante los medios de prensa por José Casañas Levi, direc­tor Anticorrupción, de supues­tamente archivar y cajonear los sumarios dictados a los 84 supuestos planilleros con rubros docentes y que reci­ben presiones externas para no realizar investigaciones.

Casto Insaurralde, juez de la Dirección Jurídica del MEC, asegura que en los juzgados se está trabajando de forma muy precaria por falta de infraes­tructura y personal, ya que son muchas las denuncias a las que deben hacer seguimiento y que todo proceso tiene su tiempo, pese a que deben programar las investigaciones para cum­plir con todo.

“Estamos sobrecargados de trabajo. Hasta el momento somos solo cinco jueces que tenemos que encargarnos de estos 84 nuevos sumarios que nos derivaron, con denuncias de corrupción y planillerismo, además de los otros procesos que se están siguiendo”, señaló Insaurralde.

Explicó que cada juzgado cuenta con un solo juez y un actuario, y que el juez funge también de dactilógrafo por falta de funcionarios en estas dependencias. “Debo tipear, yo me convierto en dactiló­grafo para hacer las resolucio­nes definitivas, tengo que estu­diar caso por caso, hacer bien mi trabajo, sustentar la acu­sación y resolver. Nosotros no tenemos una estructura jurídica como los tribunales ordinarios, donde hay secre­tarios, auxiliares. Acá solo hay un actuario y un juez en cada juzgado y la responsabilidad de cada trabajo es tremenda”, señaló.

Los jueces administrativos, fis­cales de educación, actuarios y asistentes fiscales de la Direc­ción General de Asesoría Jurí­dica del MEC afirman que se trata de una persecución a los funcionarios que no responden a la actual administración, ya que las acusaciones de Casa­ñas Levi fueron como una total ofensa a la investidura de los jueces educativos.

El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta, había anunciado con bombos y platillos la existencia de 1.200 plani­lleros dentro de la institución, la mayoría de los cuales serían operadores políticos. Sin embargo, pese a haber prometido dar nombres, nunca demostró tal situación.

“Vamos discriminando uno por uno y es un trabajo de auditoría puntilloso, detallado y vamos a tener un listado oficial próximamente”, había manifes­tado a radio 1.000. Al insistírsele sobre los nombres dijo, final­mente, que solamente los medios de prensa hablaron de plani­llerismo. Desde la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del MEC se informó sobre el hallazgo de unos 25 casos de inten­dentes municipales y 10 personas fallecidas que están registra­dos como funcionarios de la cartera de Estado.