En el informe presentado sobre el ejercicio del periodismo en Paraguay, en el marco de la 74ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, la representación nacional hizo hincapié en los “proyectos legislativos que buscan minar el flujo informativo y por las constantes agresiones a las que se exponen los periodistas, razón esta que ha derivado en una propuesta de crear un sistema de protección para defensores de derechos humanos que incluirá a periodistas”.
El relatorio expuesto por Armando Rivarola, jefe de redacción adjunto del diario ABC Color, señala que el diputado liberal Víctor Ríos anunció tras los comicios generales de abril pasado que impulsaría una ley para prohibir la divulgación de sondeos de urna antes del cierre de la votación. “El proyecto de ley ‘que regula la realización y divulgación de encuestas electorales para cargos de elección popular y referéndum’ está en tratamiento en la Cámara de Diputados después de haber sido aprobado en el Senado. Analistas argumentan que viola el Art. 26 de la Constitución, que garantiza la libertad de prensa “sin censura alguna”, y el Art. 29, que declara que “el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa”, sostiene.
Puntualiza que el referido proyecto impone multas de G. 785 millones (unos US$ 134.000) “a los medios de comunicación que difundan encuestas en boca de urna antes de las 1:00 de la tarde del día de votación”, además de multas de hasta G. 680 millones (unos US$ 180.500) a cualquier encuestadora que no esté registrada o no remita a la Justicia Electoral todos los datos técnicos del sondeo cinco días antes de su publicación y exige que los sondeos de opinión en programas de TV o sitios web consignen la frase: “Los resultados de esta encuesta son referenciales y no tienen sustento científico”.
Relata también que en setiembre “el presidente Abdo Benítez, en un multitudinario acto realizado por el aniversario de la ANR, acusó al ex mandatario Horacio Cartes de utilizar sus medios de comunicación para atacar constantemente a su gobierno”.
También acota que en abril empleados y seguidores del ex senador Óscar González Daher agredieron a periodistas durante la cobertura de las elecciones generales, sin que los tres policías presentes intervinieran.
El reporte menciona, entre otros casos, las amenazas recibidas por parte de corresponsales en el interior del país. También la negativa de la Contraloría General de la República de entregar las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos solicitadas por el periodista Juan Carlos Lezcano, pese a la sentencia definitiva dictada por un juez penal de Garantías.
También indica el caso del juez que dio lugar a un recurso de amparo para impedir que medios de prensa difundieran informaciones sobre una denuncia ante el Ministerio Público por acoso sexual presuntamente cometido por Gustavo Duarte Ruiz Díaz, presidente del Consejo de Administración de la Universidad Tres Fronteras. En agosto, la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por el diario Vanguardia para que se le permita informar.