El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció ayer una próxima inversión en Petróleos Paraguayos (Petro­par) con la finalidad de incre­mentar la capacidad produc­tiva de alcohol. Sin embargo, lo llamativo del caso es que lo hace ante una administración cuestionada por la existencia de supuestas irregularidades producidas por la titular del ente, Patricia Samudio.

Si bien no precisó monto alguno, Abdo Benítez indicó que la financiación se realizará específicamente en la planta de alcohol situada en Mauricio José Troche, departamento de Guairá, cuyo producto se obtiene mediante el uso de la caña de azúcar.

El jefe de Estado señaló que a través de la propuesta se bus­cará “fortalecer a Petropar”. “Realizaremos una inversión para electrificar la producción y con eso pasaremos de 15.000 toneladas al mes a 25.000 toneladas al mes”, dijo al cum­plir con su agenda de gobierno en el cuarto departamento.

Añadió también que “tene­mos problemas en materia prima. Es por eso que realiza­remos una campaña agresiva para generar la recuperación de la caña de azúcar. Necesi­tamos de materia prima para cumplir con la inversión que se hará en la planta de Petro­par”, mencionó sin especifi­car el monto que su gobierno invertirá.

El anuncio fue comunicado pese al conflicto en el ente petrolero, que obligó a Abdo Benítez a instalar un equipo de auditores encabezado por el concejal con permiso Car­los Arregui, del Partido Demo­crático Progresista (PDP), que analizará los dos meses de su gestión en Petropar así como los cinco años de administra­ción del ex mandatario Hora­cio Cartes.

Entre las graves irregularida­des cometidas por Samudio, quien ha sido una de las prin­cipales aportantes de dinero para la campaña política del jefe de Estado, además de ser amiga incondicional de la primera dama, Silvana López Moreira de Abdo, se cuentan el haber favorecido al asesor presidencial y amigo de Marito, Conrado Hoeckle, con el retiro de 7,5 millones de litros de gasoil de Petro­par a bajo precio días antes de la decisión del incremento del costo del combustible y haber violado supuestamente la Ley de Presupuesto 2018 y un decreto presidencial tras­ladando dinero del ente a ban­cos privados y no al Banco Nacional de Fomento (BNF).