El juez Humberto Otazú ratificó el embargo de los bie­nes y las cuentas banca­rias del ex senador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chavez, imputados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y decla­ración falsa. Fue al recha­zar el pedido hecho por la defensa de los dos proce­sados en la presente causa penal.

Las abogadas Sara Parquet y Cecilia Pérez habían pre­sentado un recurso de repo­sición ante el Juzgado Penal de Garantías para que los procesados, padre e hijo, tengan acceso a sus pro­piedades y cuentas banca­rias, las cuales habían sido embargadas a pedido del Ministerio Público.

El magistrado Otazú argu­mentó su resolución seña­lando que se actuó conforme a derecho. “El Juzgado con­cluye que con los bienes que fueron embargados se ha procedido conforme a dere­cho y tampoco se ha violen­tado ningún derecho cons­titucional ni derecho a la defensa y por ello no se hace lugar a este pedido”, explicó el juez.

Con esta determinación judi­cial, los bienes de la familia González Daher seguirán embargados hasta las resul­tas del proceso penal. El par­lamentario y su hijo están recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por disposición del juez Otazú.

Asimismo, González Daher también cuenta con otro proceso penal por tráfico de influencias debido a la filtra­ción de audios en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistra­dos cuando el mismo era pre­sidente del organismo.

En el marco de las inves­tigaciones al ex senador colorado, el próximo lunes, a las 8:30, está citada para declarar ante el Ministerio Público la hija del político, María Eugenia González Chaves.

En tanto, el pasado jueves, la fiscala Josefina Aghemo sus­pendió la audiencia indaga­toria del funcionario de la Cámara de Senadores Pedro Martínez Silva. La agente argumentó no contar aún con toda la documentación referente al convocado, quien aparece como uno de los ges­tores del otrora influyente legislador republicano.

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Las causas que enfrenta

El ex senador colorado Óscar González Daher, recluido en la Agru­pación Especializada de la Policía, fue acusado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. El primer caso tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel, razón por la cual es considerado un crimen y activa el pedido de prisión preventiva, según los agentes fiscales.

Por esta causa podría permanecer hasta un año en ese lugar, tiempo que duraría el proceso. Un primer informe indica que el ex legislador no puede demostrar el origen de un monto de 103.000 millones de guaraníes. Sin embargo, no es la única causa, teniendo en cuenta que también está involucrado en el caso de los audios filtrados a la prensa con el también ex senador oviedista Jorge Oviedo Matto. Ambos están acusados de tráfico de influencias, aso­ciación criminal y cohecho pasivo agravado, junto con otras personas.