El Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC) difundió una lista de políticos “planille­ros” que cobraban como docentes y que fueron sumariados por esta irregu­laridad. Entre los nombres figuran el intendente de la localidad de Borja, Óscar Miguel Silvera Gallinar, y la concejal departamental de Guairá, Cristina Echauri de Navarro, esposa del inten­dente de Villarrica, Gus­tavo Navarro. Los denun­ciados por llevarse millones al bolsillo de manera irre­gular son del movimiento Colorado Añetete.

En la lista negra que divulgó el MEC y en la que apare­cen el intendente de Borja y la concejal departamen­tal de Guairá figuran, ade­más, otros 82 políticos. Sus nombres ya fueron remiti­dos al Ministerio Público esta semana para seguir con la pesquisa, según informaron.

Según datos suministra­dos por José Casañas Levi, director anticorrupción del MEC, la entidad cuenta con unos 1.200 docentes-polí­ticos, de los cuales fueron investigados 584, y final­mente la investigación arrojó 84 casos que son catalogados como “graves o insalvables”. El mismo sub­rayó que esta lista es apenas una primera parte y puede incrementarse, ya que están investigados cerca de 300 casos más.

“Las evidencias como cotejo de turnos, las cátedras que desarrollan y los horarios de las mismas, además del horario en que estas per­sonas ejercen sus cargos electivos, fueron tenidas en cuenta al momento de elabo­rar esta lista”, explicó a La Nación Casañas Levi.

Resaltó que los 84 nombres difundidos por el MEC, entre intendentes, gobernadores, concejales municipales y departamentales titulares no tienen un horario compatible con la función de docente por la que se les paga, además del salario como “representantes del pueblo”.

El intendente añetetista de Borja, Óscar Silvera, percibía un salario men­sual de G. 5.416.517, según el MEC. En el caso de la esposa del intendente de Villarrica, Cristina Echauri de Navarro, también per­cibía un monto similar durante cada mes por dos horas cátedra.

“Los afectados ahora tie­nen la posibilidad de negar o reconocer y devolver el monto que se les asignó. Cada uno ya resolverá qué hacer con su caso”, men­cionó el director de Anti­corrupción del MEC.

Otro intendente que tam­bién figura como suma­riado es el ingeniero Carlos Romero Sellitti (PLRA), de Caapucú, con un salario de G. 1.788.534 mensual. Luego está el intendente de Loreto (Concepción), Rodolfo Insaurralde Gómez, (PLRA), con un rubro de maestro de grado de la escuela básica Vitalina Torres de Garcete. Percibe como profesor G. 2.327.495 mensual, sin ejercerlo, de acuerdo con la investiga­ción publicada.

En otro momento, Casañas Levi expresó que aún se des­conoce cuánto es el perjuicio del presunto planillerismo en el MEC. “Es una situa­ción compleja para saber en este momento cuánto es el perjuicio total, depende mucho de las horas cátedra o del grado que desarrolle su actividad como docente”, reiteró el vocero.

La concejal departamental de Guairá, Cristina Echauri de Navarro, sostuvo que sus actividades como docente no entorpecen su cargo de con­cejal departamental, contra­diciendo la investigación del MEC. “La verdad estoy muy sorprendida con la publica­ción, realmente cumplo con mi obligación como docente, no soy ninguna planillera.

Ya en su momento sentaremos una postura y devolveré la plata si es necesario”, argumentó la concejal a nuestro diario. El intendente de Borja, Óscar Sil­vera, no respondió las insisten­tes llamadas que realizamos.

El intendente de la ciudad de Villarrica parece estar rodeado de “planilleros”. Varios familiares suyos fueron blancos de escándalos por cobro de sumas millo­narias sin mayores evidencias de produc­tividad en la función pública.

Además del caso de su esposa, Cristina Echauri, supuesta plani­llera del MEC; en el 2015, Clara Haydée Silveira de Radice, Glo­ria María Paz Silveira Arza y Ana Catalina Arza, las dos primeras hermanas y esta última madre del actual intendente, fueron imputadas por estar involucradas en un esquema de planille­rismo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Sin embargo, en el 2016 el juez Hugo Sosa Pasmor impuso medidas alternativas a la prisión a los familiares de Navarro. Hasta ahora no se sabe que las Silveira Arza hayan devuelto el dinero que, según las denuncias, percibían de forma irregular.