POR LOURDES TORRES LUGO, periodista, politica@gruponacion.com.py

Esta semana se definió quiénes serán los dos nuevos ministros que formarán parte de la Corte Suprema de Justicia. Una gran expectativa generan ambos candidatos electos por el Senado y que fueron confirmados por el titular del Ejecutivo: Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón.

A fin de conocer el pensamiento de los nuevos magistrados, La Nación conversó con Ramírez Candia, quien expresa la idea clara de que lo primero que hará en el Poder Judicial es buscar la transparencia a través de sesiones abiertas de la CSJ.

–¿Cómo tomó la noticia del apoyo de los senadores y del presidente de la República para nombrarlo ministro de la Corte Suprema de Justicia?

–Tomo con mucha satisfacción el respaldo y la confianza expresada por la Cámara de Senadores. Con un respaldo importante. Así como la confianza del presidente de la República, Mario Abdo, con respecto a nuestra designación.

–¿Qué representa ese voto que le dieron los políticos?

–Un respaldo que genera mucha responsabilidad, que nos compromete considerablemente en nuestra gestión como ministros y no podemos defraudar a los representantes populares del pueblo paraguayo. Sabemos que estamos en un momento en el que el Poder Judicial no goza de la credibilidad ciudadana, lo cual implica que debemos superar las principales debilidades de tal modo que la ciudadanía pueda volver a recuperar esa confianza en la gestión del Poder Judicial.

–¿Cómo piensa reconstruir esa confianza ciudadana?

–Es una tarea que va a comprometer fundamentalmente nuestra función, junto con el doctor Eugenio Jiménez. Pero podemos decir que contamos con el respaldo de la clase política como para gerenciar esa tarea de construir una institución creíble. Para ello, las decisiones de la Corte deben ser publicitadas y de cara a la ciudadanía. Por ejemplo, con sesiones abiertas al público, sobre todo en lo que hace al gobierno del Poder Judicial.

–¿Cree factible lograr que las sesiones de la Corte Suprema sean también transparentes y abiertas a la ciudadanía?

–Es factible. Mi primera medida será que la Corte tome sus decisiones en forma pública. Será un elemento para aumentar la transparencia y va a generar mayor credibilidad en nuestra gestión. Nosotros somos funcionarios públicos. Por más que tengamos un cargo de mucha importancia, en definitiva somos funcionarios de una república que gestiona intereses ajenos.

–Precisamente hablando de transparencia, ¿cómo hará para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial?

–Una de las mayores debilidades es la corrupción, eso se combate con mayor control y sanción por supuesto. Para eso hay un departamento que se encarga de la gestión de los magistrados y funcionarios. Pero fundamentalmente de los magistrados, que es el departamento de Auditoría de Gestión.

–¿Con respecto a la mora judicial, cómo hará para disminuirla?

–Aparentemente es un problema estructural, pero también hay elementos que comprueban que es factible superar la mora. Eso lo vamos a hacer primero como ejemplo; nosotros tenemos que estar al día con nuestro despacho en la CSJ. Luego tratar de controlar el cumplimiento de los plazos procesales por parte de los magistrados.

–¿Cómo haría para agilizar la reducción de los índices de mora judicial?

–Lo primero es conocer el volumen de expedientes que existe actualmente a fin de conocer cuál es el déficit de la Sala Penal de la CSJ. Luego definir un plazo para ponernos al día. Primero debemos dar el ejemplo, luego controlar los juzgados que están con mayor nivel de morosidad y verificar cuál es el problema, si es falta de funcionarios, falta de infraestructura y tomar las medidas correspondientes.

–¿Cuáles son las primeras acciones que considera prioritarias?

–Considero que en las primeras sesiones vamos a solicitar que la sesión sea pública, que es lo que sí le interesa a la ciudadanía. Vamos a solicitar que se tomen medidas de evaluación concreta de la estadística de morosidad en el Poder Judicial. De contar con esa estadística se podrá elaborar un plan de emergencia porque es una necesidad. Por otra parte, hay algunas medidas de orden administrativo interno, que no afectan en forma directa a la ciudadanía, pero sí afectan a funcionarios y magistrados.

–De llevarse adelante la reforma constitucional, ¿cree necesario establecer claridad sobre la duración del mandato de los ministros de la CSJ?

–Lo importante es lograr la claridad para evitar las interpretaciones como se ha dado durante la vigencia de la actual Constitución. Siempre la normativa constitucional va a tener un lenguaje abierto y determinado por su naturaleza. Pero hay cuestiones que podrían generar crisis institucional. En el caso de la inamovilidad hay que tener una normativa clara para evitar los conflictos de poderes.

–¿Cree usted que podrá luchar contra la injerencia política?

–Sabemos que la presión política sí puede darse, pero con el carácter y la valentía se puede evitar. En mi caso, yo hace más de 22 años que ejerzo la magistratura judicial en el cargo de miembro del tribunal y en Coronel Oviedo. Nunca tuve problema de presión política. Creo que la gente y los actores políticos saben a quién se le puede presionar y a quién no. Me siento plenamente confiado en que no me harán torcer la muñeca.