La jueza penal de Garantías Rosarito Montanía, tras cinco horas de intenso debate durante la audiencia preli­minar, resolvió que el actual senador colorado Víctor Bogado enfrente un juicio oral y público por los deli­tos de cobro indebido y estafa en el marco del caso “niñera de oro”. Asimismo, la citada magistrada tomó la determi­nación de que enfrenten un juicio oral y público Gabriela Quintana, supuesta niñera de Bogado, y Miguel Pérez, ex jefe de Gabinete de la Cámara de Diputados.

Ahora se deberá sortear al Tribunal de Sentencia que, primeramente, tendrá que fijar la fecha para el ini­cio del juicio oral y público para Bogado y los dos acu­sados más.

Al inicio de la audiencia, los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz se ratifica­ron en su acusación contra los tres acusados y han solicitado a la jueza que el caso se eleve a un juicio oral y público. Por su parte, los abogados de los procesados han solicitado el sobreseimiento definitivo, pedido que fue rechazado por la jueza Rosarito Montanía, quien tomó la determinación de elevar a juicio el presente caso penal.

“Habiéndose rechazado los incidentes de sobresei­miento definitivo, esta juzga­dora en nombre de la Repú­blica del Paraguay resuelve elevar la presente causa a juicio oral y público, admi­tir las pruebas del Ministerio Público y la defensa técnica en el orden señalado”, mani­festó la jueza al momento de dar a conocer su resolución judicial.

Asimismo, la magistrada señaló que la diputada Celeste Amarilla, esposa del ex director de la Itaipú Bina­cional Franklin Boccia, quien ya falleció, puede declarar en el juicio oral y público.

El senador Víctor Bogado declaró ante la jueza Monta­nía y dijo que firmó el comi­sionamiento de Quintana a la Itaipú Binacional, pero insis­tió que existió un error admi­nistrativo. Bogado expresó también que se montó toda una historia con la “niñera de oro”. “Usaron una fotografía del cumpleaños de mi hija; miserablemente se usaron esas fotos donde estaban 15 personas, entre ellas Gabriela Quintana, quien le cargaba a una de mis hijas”, explicó.

También, en un momento dado de su declaración y entre lágrimas, Bogado sos­tuvo: “Soy inocente y estoy dispuesto a afrontar lo que venga”. Es más, agregó: “Pido disculpas a Miguel Pérez y Gabriela Quintana porque ellos son víctimas de la polí­tica criolla”.

“No vale ni un día estar sen­tado en la banca de senado­res por el sufrimiento de estas personas. Yo con gusto regalaría esa banca a quien sea con tal de ahorrarle el sufrimiento a estas dos per­sonas”, señaló. “Dios quita y pone reyes, y mi banca es de Dios”, manifestó el senador colorado Víctor Bogado.

El presidente del Congreso, senador Silvio Ovelar, sos­tuvo ayer que todos los casos de legisladores pendientes con la Justicia se irán defi­niendo. “Hoy vivimos nue­vos tiempos, la nueva oleada o la nueva ola exige actuar de acuerdo a la tendencia y no podemos ya rehuir o asu­mir posiciones”, expresó tras reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Por otro lado, consultado sobre la pérdida de investidura de los legisladores supuestamente involucrados en hechos de corrupción, sos­tuvo que mantiene la misma idea con respecto a algunos procedimientos que se quieren implementar en el Par­lamento.

Apartir de las 09:00 de hoy se deberá llevar a cabo la audiencia preliminar para el senador liberal efrainista Enrique Slayn Buzar­quis, procesado por lesión de confianza y usurpación de funcio­nes públicas. En la referida diligencia judicial la jueza penal de Garantías, María Griselda Caballero, tendrá que resolver si blan­quea o eleva a juicio oral y público el presente proceso penal.

La diligencia judicial se podrá realizar debido a que el parla­mentario fue recientemente desaforado por la Cámara Alta, que ya tiene fecha para someterse a audiencia preliminar.

El político liberal fue acusado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de usurpación de funciones públi­cas y lesión de confianza. El pasado 10 de julio, la preliminar fue suspendida debido a que se presentó el nuevo abogado Diego Bertolucci, además de que diez días antes el acusado juró como senador.

Según la acusación fiscal, Buzarquis, cuando se desempe­ñaba como ministro de Obras Públicas en el 2012, suscribió un acuerdo con una empresa italiana para unos trabajos de suelo en el Chaco y el departamento de Ñeembucú.