El Servicio Nacional de Promoción Profesio­nal (SNPP) cuenta con un fondo de 88.000 millones de guaraníes, recurso que le permitirá mantener los cur­sos y a sus instructores hasta marzo o abril, afirmó Alci­des Ortega, antiguo funcio­nario de la institución. “Esta señora miente a la gente y al señor presidente de la Repú­blica. Hay suficiente dinero para reprogramar los cursos, es mentira que no hay plata para pagar a los instructores. Tenemos recursos, inclusive para marzo y abril del año que viene. Tenemos disponibles 88.000 millones de guara­níes”, afirmó Ortega.

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, había asegurado al diario Última Hora que alrededor de 500 cursos de capacitación se verán afecta­dos a causa de un millonario faltante en el presupuesto de la entidad. El dato saltó tras una auditoría interna llevada a cabo y corresponde al rubro para la contratación docente, había señalado al matutino.

Como consecuencia de la situación, alrededor de 7.500 jóvenes no accederían a los programas de formación por falta de fuente de financia­miento, de acuerdo a lo seña­lado por Bacigalupo.

Ortega, sin embargo, aseveró que la supuesta falta de dinero es solamente una excusa y exhibió undocumento pro­veído por el Viceministerio de AdministraciónFinanciera del Ministerio de Hacienda, en el que se hace mención dela exis­tencia de los 88.000 millones de guaraníes a favor del SNPP.

“Yo le envié al señor presidente de la República todos estos documentos que demues­tran que ellaestá mintiendo, nuestros jóvenes necesitan esa capacitación. Ella le miente al presidente de la República porque a ella no leconviene que se le nombre a un direc­tor porque el que viene va a disponer de la institución”, manifestó.

Mencionó también que la secretaria de Estado designó a su yerno, Darío Muñoz Poletti, como gerente de Planificación General de la entidad de formación, con­trariando la Ley 5.295/14, que prohíbe el nepotismo en la función pública. Esta legislación señala que todas las personas con cargos en el Estado quedan impedidas, dentro del ámbito de su com­petencia, nombrar o con­tratar en cargos o empleos públicos a cónyuges, concubinos y parientes.