Por Ricardo Rivas

Corresponsal en Buenos Aires

Políticos de la talla de Cristina Fernández y relevantes empresarios –el establishment, como ellos mismos gustan categorizarse– se encuentran procesados por corrupción.

Desde que el juez federal Claudio Bonadio sentenció en 558 páginas el procesamiento e inmediata detención de la ex presidenta Cristina Fernández (2008-2015), de varios ex funcionarios, de uno en el ejercicio de su cargo en la actualidad y de una treintena de hombres de negocios en la que aquí se conoce como “La causa de los Cuadernos” (de la corrupción), una página inédita de la historia comenzó a instituirse en el imaginario social.

Sin dudas, el hecho de que los más relevantes empresarios argentinos –el establishment, como ellos mismos gustan categorizarse– se encuentren en esa situación procesal es histórico. Ellos, en las últimas décadas, son quienes tuvieron a su cargo la realización de las más importantes obras públicas de infraestructura en todos los rubros imaginables.

Fueron y son enormes protagonistas y aportantes dinerarios de las campañas electorales tanto de actores públicos civiles como militares –a los que también financiaron–, devenidos luego en hombres o mujeres que alcanzaron sus cargos por la voluntad popular. Fueron inamovibles. Y es allí, en ese punto, donde se encuentra lo novedoso de esta historia.

Desde algún lugar, que la encausada ex mandataria y actual senadora de la Nación Cristina Fernández haya sido procesada por el juez Bonadio, quien la considera “penalmente responsable” de la comisión de varios delitos –y aún en libertad por contar con fueros parlamentarios que impiden su detención–, no es nuevo.

En la historia reciente, desde aquella primera mujer que gobernó la Argentina, María Estela Martínez Cartas viuda de Perón, “Isabelita” (1974-1976), hasta los más cercanos mandatarios en el tiempo en algún momento fueron obligados a sentarse en el banquillo de los acusados, con excepción del ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).

Tanto Isabelita como más tarde Fernando de la Rúa (1989-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003) fueron sobreseídos, mientras que los restantes no tuvieron la misma suerte. Pesa sobre Carlos Menem (1989-1999) –como Cristina, senadora de la Nación– una condena a siete años y medio de prisión por contrabando y venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, cometidos durante sus mandatos y, pese a ello, permanece en libertad y participa de procesos electorales.

Pasajeros transitorios en las naves del poder formal, los actores políticos saben –desde el vamos– que de la gloria al ostracismo solo hay muy pocos pasos. Parecería que se entrenan para ser insensibles.

Sin embargo, que entre los procesados se encuentren entre otros los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra –primo del presidente Mauricio Macri–, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain no deja de sorprender.

Alguna vez, el señor Simón, un mozo que se desempeñaba en la Residencia Presidencial de Olivos –donde habitan los presidentes argentinos–, dijo a este corresponsal que quiso saber de las complicaciones que imaginaba podrían generar a los cocineros de los mandatarios los cambios en los hábitos alimentarios de los sucesivos jefes de Estado, que “eso no es un problema” porque “los que vienen a comer aquí, con ellos, son siempre los mismos y ya sabemos qué les gusta y qué beben”.

La sabiduría empírica de Simón, con trazo grueso, retrató el cuadro fáctico del poder en la Argentina con los tristes tonos oscuros de lo inescrupuloso y delictivo enmarcado por la impunidad que, vaya a saber por cuánto tiempo, parecería que podría llegar a su fin.

Un proceso interesante el que –sin dudas– se abre en el devenir de 44 millones de personas que desarrollan sus vidas en un ecosistema social alterado desde años.

El fallo judicial de Claudio Bonadio, por cierto, habrá de traer consecuencias en la economía del país rioplatense. Algunas ya se perciben y hasta fueron reconocidas formalmente por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, en el momento que presentó el proyecto de ley de Presupuesto 2019 ante el Parlamento.

Tampoco esa eventualidad será novedosa. Sucedió en Brasil cuando se conocieron los resultados del Mensalão –la primera de las causas por corrupción que sacudió a Planalto, la sede del gobierno federativo en ese país, de la que ya casi nadie se acuerda– y que se profundizó hasta la actualidad con Lava Jato, la pesquisa con la que el juez Sergio Moro puso bajo la luz “el mecanismo”, como el caso se popularizó en Netflix.

El juez Claudio Bonadio, como parte de su sentencia, embargó bienes a cada uno de los 42 procesados hasta alcanzar –en cada caso– el monto también histórico de cuatro mil millones de pesos argentinos (unos US$ 100 millones por barba).

Esos montos, sumados, totalizan 4.200 millones de dólares norteamericanos que, de llegarse a sentencias condenatorias firmes, podrían pasar al fisco.

Números enormes, por cierto. Casi podría decirse poéticos por lo inimaginables que son para la mujer y el hombre común que viven cada uno de sus días de sus salarios. Pero, a modo de ejemplo y para que esa cifra sea comprensible, quizá valga recordar que, por estas horas, la Argentina aguarda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le transfiera para comenzar a superar el mal momento económico y financiero por el que transcurre, apenas US$ 3.000 millones.

En nuestro plan de acompañar la actualidad regional y como un aporte –también– a la enorme colectivi­dad paraguaya en Buenos Aires, La Nación cuenta desde hoy con la colaboración de Ricardo Rivas, como corresponsal en la capital argentina.

Rivas es un periodista de gran trayectoria en la Argentina y es ademas miembro del Instituto de Perio­dismo Preventivo y Análisis Internacional (IPPAI) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con­sultor y capacitador asociado de la Unesco; vicepresidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales (UNAC); profesor titular de la cátedra de Opinión Pública en la Licenciatura en Periodismo de la Universi­dad de Palermo (UP) de Buenos Aires

Profesor invitado en los posgrados de “Periodismo y Conflictos: desafíos para el Siglo XXI”; de “Crimen organizado, narcotráfico y medios de comunicación”; y, de “Especialista en información internacional y de países del Sur”, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); embajador de buena voluntad del Estado de Israel desde 2010 y subsecretario (viceministro) de Medios de la Presidencia de la República Argentina (1999-2001).

Esperamos servir mejor a nuestros lectores con la suma de esta valiosa experiencia en el manejo del análi­sis y la actualidad desde un país vecino en el que moran centenares de miles de connacionales.