A días nada más del cambio de gobierno, cuando el presidente Mario Abdo Benítez presentó una parte de su equipo de tra­bajo en los ministerios, el mismo ex diputado Óscar Tuma había declarado a los medios que el manda­tario lo llamó y le ofre­ció la asesoría jurídica de Yacyretá. Un cargo tal vez irrelevante, pero apetitoso para varios abogados.

Como desde el movimiento Colorado Añetete se orquestó el impedimento del jura­mento de Nicanor Duarte Frutos como senador activo a fin de hacer lo propio con el ex presidente Horacio Car­tes, Abdo Benítez se vio obli­gado a darle una especie de “premio consuelo” a Duarte Frutos para que deje de insis­tir con la historia de ocupar su banca.

Nicanor aterrizó en la EBY con todo su equipo político y comenzó a repartir car­gos a sus leales y a personas que trabajaron por su can­didatura. En su plan, Nica­nor tenía previsto colocar como asesor jurídico a su fiel escudero, el ex ministro del Interior Rogelio Benítez, quien fue rajado del gobierno anterior como presidente de Copaco por algunas denun­cias de corrupción hechas en su contra por empresarios que licitaban para la compañía.

El nombre de Rogelio Bení­tez no cayó bien en el entorno del presidente Abdo Benítez, principalmente por una cues­tión de falta de afinidad con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que pasa más bien por una cuestión de tinte particular.

Cuando Duarte Frutos se enteró de las pretensiones del Marito de llevar a Óscar Tuma, el ex presidente pegó el grito al cielo y cuestionó tal intención, alegando que él debe trabajar con perso­nas de su entera y absoluta confianza. Es por ello que se frenó la ida de Tuma a la EBY, pero el ex diputado no se quedó callado y despotricó contra Nicanor señalando que al oponerse a su ida lo que en realidad hacía Nicanor era oponerse al control de los manejos en la binacional.

En medio de todo esto, apa­rece un tercer actor, Juan Carlos “Charly” Duarte Mar­tínez, hombre del primer ani­llo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. El vicepresidente habría que­dado insatisfecho a raíz de que quiso ubicar a algunos de sus leales en Aduanas y otras ins­tituciones, pero el Presidente priorizó otros compromisos con otras personas. Veláz­quez pidió que por lo menos ubiquen a “Charly” Duarte en la EBY. Este pedido dilató aún más la definición de quién ocuparía el cargo de asesor en la EBY, ya que se tenían tres candidatos: Rogelio Benítez, Óscar Tuma y Juan Carlos Duarte.

La definición había quedado en standby hasta que el vier­nes pasado se confirmó la designación del hombre de Velázquez, con lo que final­mente ganó la pulseada.

Duarte Martínez tiene un rosario de antecedentes para nada positivos. Paradójica­mente, en archivos periodísticos se lee que Nicanor Duarte Frutos, cuando estuvo en la Presidencia de la República (2003-2008), había solici­tado al entonces fiscal gene­ral del Estado, Rubén Candia Amarilla, que limpie la ima­gen de la Fiscalía en Ciudad del Este ante la avalancha de denuncias de corrupción que saltaban en la prensa. Preci­samente, quienes estaban en Ciudad del Este, como cabe­zas del Ministerio Público, eran Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte.

En noviembre del 2016, el dia­rio Última Hora había publi­cado que los agentes fiscales que tomaron intervención en un caso de lavado de dinero estaban analizando los docu­mentos incautados en más de 20 empresas de fachada ins­taladas en Ciudad del Este, que habrían realizado trans­ferencias al exterior por US$ 1.200.000.000.

Uno de los supuestos cerebros de la operación era Ricardo Galeano, quien manejaba un conglomerado de más de 20 empresas que serían de male­tín y que tenía un socio clave: Walid Amine Sweid, de nacio­nalidad brasileña. La Fisca­lía señaló que ambos eran propietarios de la empresa de transporte aéreo Global Logistic Solution. Sweid era considerado cercano a Hugo Velázquez, entonces presidente de la Cámara de Diputados, a inspectores de Aduanas y del empresario paraguayo-libanés y ahora embajador ante el Líbano, Hassan Khalil Dia.

La Fundación para la Defensa de las Democracias, por medio de su representante Emanuele Ottolenghi, pre­sentó el 8 de junio del 2016, en Washington DC, Esta­dos Unidos, en una audien­cia ante el Comité de Servi­cios Financieros, un informe mencionando que los nego­cios de Sweid tienen conexio­nes políticas que les permiten la importación de productos piratas y productos que no pagan impuestos y aseguran que todo el sistema tiene el apoyo de Aduanas.

Dicha organización tam­bién hizo alusión a una foto en la que aparecen el entonces legislador Veláz­quez, el empresario Sweid y Juan Carlos Duarte Mar­tínez –abogado defensor de Galeano– durante una visita oficial que realizaron en el 2015 al Líbano. Duarte fue superintendente de fiscales cuando Velázquez se desem­peñaba como fiscal general adjunto de Ciudad del Este.

En el 2005, según publica­ciones del diario ABC Color, el entonces fiscal de la Uni­dad Especializada en Deli­tos Marcarios y Evasión, Augusto Salas Coronel, fue denunciado por supuesta­mente haber recibido una coima de 500 mil dólares (G. 3.500 millones) para desvincular a una serie de

firmas de un proceso por evasión impositiva que se le sigue a Master Informática SRL, propiedad de Juan Car­los Ho y Roberto Ho, según fuentes de la misma Fiscalía. Estaba sindicado como uno de los principales respon­sables de anular evidencias sobre el ilícito. El entonces representante del Ministerio Público tuvo un repentino bienestar económico. Lla­mativamente, Salas Coro­nel había desvinculado del proceso a Master Informá­tica SRL y a todas las firmas satélite que estaban siendo utilizadas para la evasión de los tributos.

Acá viene lo grave, según las publicaciones periodísticas de la época. Por esta determi­nación, Salas Coronel habría recibido una coima de 500 mil dólares. Una parte del dinero mencionado, supues­tamente, fue repartido entre otros integrantes del Minis­terio Público. Se mencionó al superintendente fiscal Juan Carlos Duarte Martínez y al fiscal general adjunto, Hugo Velázquez.

Ese mismo año, 2005, casi la totalidad de los integran­tes del Ministerio Público de Ciudad del Este tenían fuer­tes cuestionamientos en su labor al frente de sus unida­des. El entonces superinten­dente fiscal general adjunto, Hugo Velázquez, y Juan Car­los Duarte Martínez confor­maron un círculo de fisca­les privilegiados. Desde esta época viene la relación entre el vicepresidente Velázquez y el actual asesor jurídico de la EBY Juan Carlos Duarte.