Tras un largo debate en la Cámara de Senado­res aprobó por una­nimidad la ley que modifica la ley de trasplante de órga­nos, más conocida como “Ley Anita”. Mediante dicha nor­mativa, todos los habitan­tes del país mayores de edad pasan a ser donantes de órga­nos, salvo los que expresen debidamente su oposición a ser donantes. Ahora el pro­yecto para al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

En tiempo récord este pro­yecto fue sancionado por el Congreso Nacional, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados otorgó media san­ción el miércoles 5 de setiem­bre, y ayer la Cámara Alta le otorgó su apoyo. Se trata de un proyecto que fue consen­suado de todas las iniciativas legislativas planteadas sobre trasplante de órganos, y que se logró unificar en una sola que pasó a denominarse “Ley Anita”, en memoria de la niña que falleció ante la falta de un donante de corazón.

La senadora Desirée Masi explicó que la ley de trans­plante está vigente hace más de 15 años en Para­guay. “Todos somos donan­tes presuntos, salvo oposi­ción expresa”, indicó. Entre los puntos aprobado con esta ley los médicos estarán obli­gados a capacitarse en mate­ria de ablación y transplante. Puntualizó que este pro­grama recibiría ahora el pre­supuesto de G. 16.000 millo­nes por parte del Fonacide.

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Otra de las modificaciones contempladas es la actuali­zación de criterios de muerte encefálica siendo más estric­tos, la cual deberá firmar un médico terapista. Cada hospi­tal con terapia intensiva con­tará con su propio equipo de procuración de órganos, y serán acreditados los hospi­tales que están en condiciones de hacer trasplantes y hasta el momento son cinco: Hospital Pediátrico Acosta Ñu, Clíni­cas, IPS, Hospital Nacional de Itauguá, Hospital San Jorge.

Por otra parte, la Cámara Alta se ratificó en su versión del proyecto de ley de Paridad Democrática, que había apro­bado el 8 de marzo con la legis­latura del período pasado. El objetivo es la igualdad del 50% de participación de hom­bres y mujeres en la confec­ción de la listas para las inter­nas partidarias y otros cargos electivos. El proyecto vuelve a Diputados donde deberán tener la mayoría absoluta de 41 votos para ratificarse en sus modificaciones.

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