El ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón, imputado por enriqueci­miento ilícito y quien estuvo recluido por casi dos sema­nas en la penitenciaría de Tacumbú, fue trasladado ayer al penal militar de Viñas Cué.

Ante un posible peligro de fuga y amodo de evitar cual­quier tipo de obstrucción a la investigación, el juez Julián López había determinado inicialmente su reclusión en Tacumbú, sin embargo, el pedido detraslado del ex fis­cal fue hecho el pasado mar­tes por su abogado defensor Mario Elizeche, quien mani­festó que el lugarsolicitado es el único que reúne los requisitos para que la vida de su defendido no corriese peligro.

En la ocasión, Elizeche tam­bién cuestionó el procedi­miento de la Justicia en el caso de ex fiscal general al estar privado de su liber­tad por supuesto enriqueci­miento ilícito. A criterio del abogado, su clientedebía ser beneficiado con el arresto domiciliario.

Ayer, en horas de la mañana, la jueza María Gricelda Caba­llero hizo lugar al pedido, atendiendo que la fiscala Car­men Gubetich, quien está a cargo de la investigación, tampoco se opuso al traslado. Además, la magistradatuvo en cuenta la nota remitida desde el Ministerio de Jus­ticia, en la cual se menciona la situación actual por la cual está atravesando el penal de Tacumbú. Aseguran que un alto nivel de hacinamiento hace que el sistema se encuen­tre colapsado, motivo por el cual recomendaron enviar al ex fiscal a un lugar indepen­diente del Ministerio de Jus­ticia para resguardar su inte­gridad física.

El ex fiscal general Javier DíazVerón fue imputado por supuesto enriquecimiento ilí­cito, mientras que su esposa María Selva Morínigo fue pro­cesada por lavado de dinero. La imputación se dio a cono­cer luego de unainvestigación realizada por el Ministerio Público en base a documen­taciones presentadas por el contador de la familia y con ayuda de la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Aparentemente, serían G. 1.147 millones uno de los mon­tos que no se pudieron justi­ficar en el caso del ex fiscal. Sin embargo, en el caso espe­cífico de su esposa se habla de un total de G. 1.625 millones.