La Contraloría General de la República (CGR) objetó la gestión de Miguel Cuevas como gobernador del departamento de Paraguarí en el 2016 por irregularidades detectadas en los documentos respaldatorios en la utilización de la suma nada despreciable de 13.096 millones de guaraníes. Ese año, el Ministerio de Hacienda destinó a la gobernación un presupuesto de G. 51.000 millones.
Las irregularidades se relacionan con falta de notas de créditos bancarios, la falta de saldos pendientes y débiles controles en concepto de impuesto inmobiliario, falta de documentos para el pago de honorarios profesionales, uso irregular de combustibles, problemas con la ejecución y controles de obras varias, pagos sospechosos en concepto de almuerzo escolar, deficiencias en documentos respaldatorios de aportes a entidades educativas y comisiones vecinales, entre tantas otras irregularidades (ver cuadro).
La Nación y GEN, del Grupo Nación, se vienen haciendo eco de las desprolijidades de la gestión de Miguel Cuevas al frente de la Gobernación de Paraguarí, donde estuvo entre el 2013 y 2017, para luego renunciar a los efectos de ser candidato a diputado. Hoy es la máxima autoridad de dicho cuerpo legislativo.
Ayer publicamos que Cuevas no pudo justificar en el 2016 a la Contraloría General de la República la utilización de combustibles y lubricantes por valor de G. 1.231 millones, pero esa suma es apenas “la punta del iceberg”. En el extenso informe del órgano contralor se puede constatar el rosario de anomalías y montos siderales que involucra a la administración departamental del añetetista.
CONCLUSIONES DE LA CONTRALORÍA
El 17 de febrero del 2017, la Contraloría General de la República emitió, por Resolución CGR Nº 72, un “informe final” denominado “Examen especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2016”, realizado a la Gobernación de Paraguarí durante la gestión de Miguel Cuevas. En dicho informe se encuentran las conclusiones y recomendaciones del órgano contralor a la gobernación para evitar que sigan repitiéndose varias irregularidades.
En la “conclusión final” se lee cuanto sigue: “Se emitieron comprobantes de ingresos, varios registrados bajo código presupuestario (se citan números), por G. 1.482.430.172, los cuales no adjuntan las notas de crédito bancario correspondiente”. Asimismo, en otro párrafo informa: “Las planillas de certificación de depósitos mensual y consolidada en concepto del 15% del impuesto inmobilario recaudado por los diferentes distritos del departamento de Paraguarí en el período 2016 totalizan la suma de G. 1.565.456.284, sin indicar si existen saldos pendientes a favor de la gobernación”.
“En el período fiscal 2016 realizó erogaciones en el objeto de gasto 144-Jornales, por un total de G. 2.371.780.766, sin considerar los documentos exigidos por la Resolución CGR Nº 653/08 mencionados a continuación: certificado de disponibilidad presupuestaria, constancia de la SFP de no ser funcionario, fotocopia del RUC o declaración jurada de no ser contribuyente, informe de la Dirección de RRHH, controles de firmas, no se especifica Nº de cheque en el comprobante de pago”, sostiene la Contraloría en otra parte de su informe final.
Según la Contraloría “existen erogaciones realizadas por importe de G. 2.495.400.000 en el objeto de gasto 874 (comisiones vecinales) que no reúnen todos los documentos requeridos (…), como ser: factura de rendición de cuentas sin fecha de emisión, las planillas de rendición no cuentan con sello de la recepción de la CGR ni de la gobernación, sin acta de constitución de autoridades, acta no actualizada de constitución de autoridades”.
En este artículo mencionamos apenas algunos casos como muestras.
OTRAS PERLITAS
Recordemos que el diputado habría dejado como legado una serie de irregularidades. Por ejemplo, entre los cuestionamientos se encuentran facturas falsas que sirvieron para engañar a familias campesinas, contrataciones de “planilleros”, obras que nunca se terminaron, un oscuro manejo familiar en la gestión de la merienda escolar, además de otras decenas de denuncias en la Contraloría por supuesta malversación de fondos.