La Contraloría General de la República (CGR) objetó la gestión de Miguel Cuevas como gober­nador del departamento de Paraguarí en el 2016 por irregularidades detectadas en los documentos respal­datorios en la utilización de la suma nada despreciable de 13.096 millones de gua­raníes. Ese año, el Ministe­rio de Hacienda destinó a la gobernación un presupuesto de G. 51.000 millones.

Las irregularidades se relacionan con falta de notas de créditos banca­rios, la falta de saldos pen­dientes y débiles controles en concepto de impuesto inmobiliario, falta de documentos para el pago de honorarios profesio­nales, uso irregular de combustibles, problemas con la ejecución y contro­les de obras varias, pagos sospechosos en concepto de almuerzo escolar, defi­ciencias en documentos respaldatorios de aportes a entidades educativas y comisiones vecinales, entre tantas otras irre­gularidades (ver cuadro).

La Nación y GEN, del Grupo Nación, se vienen haciendo eco de las desprolijidades de la gestión de Miguel Cue­vas al frente de la Gober­nación de Paraguarí, donde estuvo entre el 2013 y 2017, para luego renunciar a los efectos de ser candidato a diputado. Hoy es la máxima autoridad de dicho cuerpo legislativo.

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Ayer publicamos que Cue­vas no pudo justificar en el 2016 a la Contraloría General de la República la utilización de combus­tibles y lubricantes por valor de G. 1.231 millo­nes, pero esa suma es ape­nas “la punta del iceberg”. En el extenso informe del órgano contralor se puede constatar el rosa­rio de anomalías y montos siderales que involucra a la administración depar­tamental del añetetista.

CONCLUSIONES DE LA CONTRALORÍA

El 17 de febrero del 2017, la Contraloría General de la República emitió, por Resolución CGR Nº 72, un “informe final” denomi­nado “Examen especial a la ejecución presupues­taria de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2016”, realizado a la Goberna­ción de Paraguarí durante la gestión de Miguel Cue­vas. En dicho informe se encuentran las conclusio­nes y recomendaciones del órgano contralor a la gober­nación para evitar que sigan repitiéndose varias irregu­laridades.

En la “conclusión final” se lee cuanto sigue: “Se emitieron comprobantes de ingresos, varios regis­trados bajo código presu­puestario (se citan núme­ros), por G. 1.482.430.172, los cuales no adjuntan las notas de crédito banca­rio correspondiente”. Asi­mismo, en otro párrafo informa: “Las planillas de certificación de depó­sitos mensual y consoli­dada en concepto del 15% del impuesto inmobilario recaudado por los diferen­tes distritos del departa­mento de Paraguarí en el período 2016 totalizan la suma de G. 1.565.456.284, sin indicar si existen sal­dos pendientes a favor de la gobernación”.

“En el período fiscal 2016 realizó erogaciones en el objeto de gasto 144-Jor­nales, por un total de G. 2.371.780.766, sin con­siderar los documentos exigidos por la Resolu­ción CGR Nº 653/08 men­cionados a continuación: certificado de disponibili­dad presupuestaria, cons­tancia de la SFP de no ser funcionario, fotocopia del RUC o declaración jurada de no ser contribuyente, informe de la Dirección de RRHH, controles de fir­mas, no se especifica Nº de cheque en el comprobante de pago”, sostiene la Con­traloría en otra parte de su informe final.

Según la Contraloría “existen erogaciones rea­lizadas por importe de G. 2.495.400.000 en el objeto de gasto 874 (comisio­nes vecinales) que no reú­nen todos los documentos requeridos (…), como ser: factura de rendición de cuentas sin fecha de emi­sión, las planillas de ren­dición no cuentan con sello de la recepción de la CGR ni de la gobernación, sin acta de constitución de autori­dades, acta no actualizada de constitución de autori­dades”.

En este artículo menciona­mos apenas algunos casos como muestras.

OTRAS PERLITAS

Recordemos que el dipu­tado habría dejado como legado una serie de irre­gularidades. Por ejemplo, entre los cuestionamientos se encuentran facturas fal­sas que sirvieron para enga­ñar a familias campesinas, contrataciones de “plani­lleros”, obras que nunca se terminaron, un oscuro manejo familiar en la ges­tión de la merienda escolar, además de otras decenas de denuncias en la Contraloría por supuesta malversación de fondos.

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