Un grupo de repre­sentantes de la comisión de ciuda­danos organizados de escra­che solicitaron ayer que se inicie el proceso de la pér­dida de investidura del dipu­tado liberal Carlos Portillo y el senador Víctor Bogado. Mientras tanto otro grupo de 300 ciudadanos solicitó lo mismo para el diputado colo­rado Carlos Núñez Salinas.

Los representantes de los ciudadanos organizados, encabezados por Esther Roa, se reunieron prime­ramentecon el presidente de la Cámara de Diputa­dos, Miguel Cuevas, a quien presentaron el pedido de pérdida de investidura de Portillo. En este sentido, Roa señaló que en princi­pio el titular de la Cámara Baja se negó a recibirlos, sin embargo, accedió bajo la amenaza de iniciar un escra­che en su contra.

“Entramos con los com­pañeros para hacer un reclamo fuerte y contun­dente que nosotros estamospidiendo y exigiendo el tra­tamiento de la pérdida de investidura de Carlos Por­tillo. Escuchó pero no dijo nada”, sostuvo Roa. Agregó que Cuevas se comprome­tió a hablar con sus pares y posteriormente se tomará una decisión.

Posterior a la reunión el titular de la Cámara Baja señaló que se debe escu­char los reclamos ciudada­nos, sin embargo, señaló que no se puede llevar adelante el pedido si un parlamenta­rio no se hace cargo del pro­yecto. “Acá hay reglamen­tos y leyes que cumplir; este reglamento dice que tengo que recibir un pedido de, al menos,20 diputados para tratar el tema de una posible pérdida de investidura de un legislador”, refirió.

Luego, el mismo grupo se dirigió a la Cámara de Sena­dores para solicitar también la pérdida de investidura del senador Víctor Bogado.

“Ese privilegio que él tiene en el trámite de sus procesos justamente responde al trá­fico de influencia y nosotros queremos encuadrar esos hechos dentro del artículo 201”, refirió Roa.

Por otra parte, un grupo de 300 ciudadanos del depar­tamento Central presen­taron en mesa de entrada de la Cámara de Diputados otro pedido de pérdida de investidura, esta vez para el diputado Carlos Núñez Sali­nas. El documento también señala que Núñez dilató su proceso durante cinco años para evitar enfrentarse a la justicia.